El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el Real Decreto-Ley 5/2020, de 25 de febrero, de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, que incluye la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria y prohíbe la venta a pérdidas.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, ha presentado, en el marco de la Mesa de Diálogo Agrario, la respuesta
que ha dado el Gobierno para atender “la mayoría de las reivindicaciones”
planteadas por las organizaciones agrarias convocantes de las movilizaciones,
Asaja, COAG y UPA, para mejorar la rentabilidad de las explotaciones y lograr
unos precios justos.
El ministro ha destacado que este Gobierno ha actuado
de forma rápida y coordinada para dar respuestas a la problemática de los
agricultores. Se ha referido a que, apenas 3 semanas después de la constitución
de la Mesa de Diálogo Agrario, el Gobierno ha puesto sobre la mesa un amplio
paquete de medidas concretas para responder a las demandas planteadas por los
agricultores y ganaderos españoles para lograr un reparto más justo de los
márgenes en la cadena de valor, mejorar las rentabilidades de las explotaciones
y lograr precios justos.
Además de las acciones recogidas en el Real
Decreto-Ley, el Gobierno ha propuesto a las organizaciones agrarias convocantes
de las manifestaciones un paquete adicional para responder a las demandas
planteadas, que cubre los siguientes ámbitos:
– Formación de los precios a lo largo de la
cadena de valor.
– Seguros agrarios.
– Presupuesto de la PAC.
– Coste energético de las explotaciones
agrarias.
– Fiscalidad.
– Financiación.
– Costes laborales.
– Reciprocidad de las importaciones de
terceros países.
– Regadíos.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, según señala en un comunicado, se compromete a seguir trabajando, ya en el marco de las reuniones habituales del Consejo Asesor Agrario, con las organizaciones representativas del sector, para profundizar sobre los aspectos pendientes relativos a la fiscalidad y costes energéticos, seguros agrarios, cuestiones sectoriales y desarrollo de la Ley de la Cadena.
Lista de medidas
1. Obligatoriedad
de tener en cuenta los costes de producción en los contratos; prohibición de establecer
precios por debajo del coste de producción (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de
febrero).
2. Prohibición de
la venta a pérdidas (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero).
3. Regulación de
las promociones comerciales para evitar la banalización de los productos
agrarios (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero).
4. Publicidad de
las sanciones para los agentes que hayan cometido infracciones graves o muy
graves (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero).
5. Reforzar el
papel de la Agencia de Inspección y Control Alimentarios (AICA). El Gobierno se
compromete a incrementar su presupuesto y dotación de personal.
6. El Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación promoverá que las comunidades autónomas
cooperen en la realización de controles en el marco de un plan de control
específico para que complementen la acción de la AICA en el control de la
existencia de contratos escritos y su contenido.
7. El Ministerio se
compromete relanzar el Observatorio de la Cadena, actualizando los estudios de
márgenes de los principales productos. Publicará índices que puedan ser
empleados para establecer costes de producción en los contratos.
8. En los próximos
días se iniciará la tramitación formal de la trasposición de la Directiva de
Prácticas Comerciales Desleales para modificar la Ley de la Cadena en aquellos
aspectos que no se han podido modificar por la vía de urgencia, que permitirán
ampliar su ámbito de aplicación, prohibir nuevas prácticas comerciales desleales
e incluir buenas prácticas en el articulado que hasta ahora eran de aplicación
voluntaria.
9. En el ámbito del
seguro agrario se incrementará sustancialmente el presupuesto destinado a
subvencionar la prima de los seguros agrarios en los Presupuestos Generales del
Estado de 2020.
10. El Gobierno se
compromete a continuar defendiendo el mantenimiento del presupuesto de la PAC
en las negociaciones del nuevo presupuesto de la Unión Europea para el período
2021 – 2027.
11. El Gobierno, a través
del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, tramitará con
carácter de urgencia, dos líneas de ayuda, por importe de 60 millones de euros
para la instalación de fuentes de energía renovables en agricultura y
ganadería, así como para la aplicación de medidas de eficiencia energética en
regadíos e instalaciones agrarias.
12. El Gobierno se
compromete a mantener el sistema de tributación por módulos en agricultura
durante toda la legislatura.
13. El Gobierno se
compromete a mantener las bonificaciones al gasóleo agrícola durante toda la
legislatura.
14. La fiscalidad de
las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes que se hacía en un
solo pago, pasa a pagarse en cuatro años (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de
febrero).
15. El Gobierno
establecerá medidas de acceso al crédito para los sectores agrícolas y
ganaderos, mediante ayudas a la financiación de avales a través de Sociedad
Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
16. Bonificación de
la cuota empresarial por la transformación de contratos temporales en el sector
agrario a fijos o fijos discontinuos (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de
febrero).
17. El Gobierno se
compromete a exigir la aplicación con el máximo rigor, la normativa comunitaria
en materia de importaciones de productos agrarios en la Unión Europea. Respeto
de precios de entradas, contingentes de importación, así como certificación y
control fitosanitario.
18. El Gobierno se
compromete a impulsar la política de regadíos, como una política irrenunciable,
priorizando la modernización de los regadíos basada en la eficiencia y la
sostenibilidad.
19. El Ministerio
realizará una campaña de comunicación e información para acercar a la
ciudadanía a la realidad productiva del campo y la dignificación del trabajo de
sus profesionales.
Un amplio paquete de medidas que responden a las
demandas planteadas. Planas ha destacado que a partir de ahora se perfilarán
estos temas en el marco del Comité Asesor Agrario, el órgano de interlocución
habitual entre Gobierno y organizaciones profesionales agrarias. “Diálogo y
trabajo que proseguirán durante los cuatro próximos años de legislatura”, ha
asegurado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
