Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía traslada la indefensión de sus entidades asociadas a la hora de aplicar la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, que obliga a vender siempre por encima de costes de producción, ajena a la realidad del sector agroalimentario en su conjunto, en el contexto de un mercado globalizado, bajista y donde impera la competencia desleal. Este fue uno de los principales temas tratados y analizados por el Consejo Rector, reunido ayer mediante videoconferencia, según precisa en un comunicado la federación.
Desde la federación se quiere remarcar que la finalidad de las cooperativas es lograr siempre la máxima rentabilidad para todos los agricultores y ganaderos, al fin y al cabo, sus propietarios. Para ello, las cooperativas de todos los sectores (frutas y hortalizas, olivareras, ganaderas, cerealistas, etc.) trabajan todos y cada uno de los días para vender sus productos al mayor precio posible y lograr así el máximo beneficio.
Sin embargo, hay realidades que el Ministerio de Agricultura ha obviado a la hora de configurar esta reforma bienintencionada, pero imposible de llevar a la práctica sin provocar perjuicios mayores al sector agroalimentario español. En primer lugar, las cooperativas agroalimentarias no actúan solas en el mercado, ni tampoco lo hacen en exclusiva con empresas españolas. Las cooperativas ejercen su actividad en un mercado globalizado, con directrices marcadas por Europa y la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde se permiten las importaciones de terceros países, con menores costes de producción y precios de venta más competitivos, como consecuencia del empleo de mano de obra mucho más barata y exigencias medioambientales y de calidad considerablemente más laxas que las de Europa
De hecho, por poner un ejemplo, si un tomate de Marruecos cuesta producirlo 0,15 euros el kilo y uno de España 0,30, ¿qué tomate comprará primero un mercado que va a precio? ¿Qué se hace con los tomates españoles? ¿Esperar a que se pudran para que los compren, una vez se terminen los de la competencia a mitad de precio? ¿Y en cuanto al aceite de oliva? Si el coste de producción de un kilo de aceite de oliva, según el COI, varía entre los 2,05 euros en plantaciones superintensivas y los 3,45 en sistemas tradicionales de alta pendiente de secano, y, además, un kilo de aceite de Túnez vale 1,50 ¿qué puede suponer la aplicación de la Ley de la Cadena en un mercado de volúmenes y claramente excedentario y bajista como el actual? ¿Poner más trabas a la compra de aceite español y marginar al menos rentable?, se pregunta.
En segundo lugar, es imprescindible tener en cuenta que las producciones de terceros países no solo llegan a España sino también a cualquier otro punto del planeta, por lo que aplicar la Ley de la Cadena Alimentaria supone de facto la salida de las producciones españolas de muchos de esos mercados, en los que no podrán competir porprecio. Conviene recordar, a este respecto, que el sector agroalimentario español es eminentemente exportador, siendo en la actualidad la cuarta potencia europea en ventas exteriores y la octava del mundo, por lo que el descalabro puede ser mayúsculo, según señala Cooperativas.
Por ello, las cooperativas como el resto de las empresas, tienen que operar con inteligencia en los distintos mercados, para que sus resultados globales sean positivos, lo que les lleva a vender a diferentes valores, según los destinos. Además, las realidades de los cientos e incluso miles de socios que tienen algunas cooperativas son completamente dispares; unos socios pueden tener plantaciones tradicionales y poco competitivas, mientras otros pueden disponer de explotaciones tecnificadas y muy eficientes, lo que hace que los costes de producción en unos casos y otros sean radicalmente distintos, a lo que hay que añadir la diferenciación por calidades.
En definitiva, para Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía obligar a vender por encima de costes de producción (lo que habría que determinar en casos como el explicado), no es la solución a los problemas de rentabilidad del campo español y conlleva más perjuicios para el propio sector que beneficios, como pueden ser el fin de las explotaciones menos rentables o el reemplazo de los productos españoles por otros más competitivos en los mercados interiores y exteriores, como ocurre en España con el tomate marroquí o se está sufriendo en Estados Unidos a causa de los aranceles.
En conclusión, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía considera esta ley “un error mayúsculo en los términos que se ha planteado, al mostrar un desconocimiento total del funcionamiento de los mercados” e insta al Ministerio de Agricultura a rediseñarla y trabajar en otras medidas que sí repercutan en la subida de precios, como pueden ser el control de fronteras, la persecución del fraude en el etiquetado, la adecuación de la oferta a la demanda, mecanismos ágiles de almacenamiento y retirada, reestructuración de explotaciones, reconversión varietal, infraestructuras y eficiencia hídrica, fortalecimiento de las estructuras cooperativas, campañas de promoción, impulso a la exportación y ayudas a la internacionalización, gestiones diplomáticas que devuelvan al sector el mercado americano y el ruso, apertura de nuevos destinos, etcétera.
Para finalizar, la federación recuerda al Ministerio que las cooperativas del conjunto de España suponen el 67% de valor de la Producción Final Agraria y el 29% del valor de las ventas netas de la Industria Alimentaria Española (IAA), con una base de productores y productoras que supera el millón de profesionales en todo el territorio nacional y epicentro en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
