Mes: julio 2020

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha remarcado la necesidad de progresar y alzanzar un acuerdo sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) en otoño para que los Estados miembros puedan culminar el diseño de los planes estratégicos nacionales.

Planas ha asistido en Bruselas al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE), la primera reunión bajo la Presidencia alemana.

El encuentro de hoy coincide con la prolongación, por cuarto día consecutivo, de la celebración del Consejo Europeo, “muy importante para la UE y muy importante en materia de agricultura y desarrollo rural”, según ha indicado el ministro, que también ha señalado su confianza en que “podrá ser una buena base para la PAC que estamos discutiendo”.

El ministro ha transmitido la visión del Gobierno español acerca de la arquitectura verde de la PAC y la estrategia “De la granja a la mesa”, además de abordar la situación de los mercados.

España defiende una mayor ambición climática y ambiental de la PAC.Comparte el objetivo de la presidencia alemana de turno de la UE de que es necesario conseguir un acuerdo general parcial en el Consejo de Ministros de octubre.

Ha destacado que para progresar en el diseño de los planes estratégicos nacionales, la PAC tiene que contar con los instrumentos necesarios para garantizar una transición justa para que agricultores y ganaderos desemboquen en un nuevo modelo productivo.

POSIBLE ACUERDO SOBRE LA PAC EN OCTUBRE

Respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo en octubre, el ministro ha asegurado que España está en disposición de contar con su plan estratégico a principios de 2021 para presentarlo oficialmente a mitad del próximo año para entrar en vigor en 2023. Entre tanto, en 2021 y 2022, la PAC continuará ejecutándose de la misma manera, si bien con nuevos presupuestos.

Luis Planas ha solicitado que se avance lo más rápidamente posible en la estrategia “De la granja a la mesa” para poder incorporar sus objetivos al plan estratégico nacional de la PAC. Ha pedido tiempo, presupuesto y flexibilidad para que los productores perciban el cambio como una oportunidad y no como una amenaza.

Ha sido tajante al afirmar que “si los europeos adoptamos reglas más estrictas para la producción agrícola y ganadera, tendremos que aplicar unas reglas semejantes para la importación de productos de países terceros”.

Además, ha remarcado que quienes van a realizar un mayor esfuerzo por adoptar nuevas formas de producción, cada vez más respetuosas con el entorno, deben percibir un precio adecuado. Ese es el objetivo del Gobierno de España que trabaja en un anteproyecto de ley de modificación de la ley de la cadena alimentaria para fortalecer la posición negociadora de agricultores y ganaderos.

En cuanto a la situación de los mercados, el ministro ha pedido la rápida entrada en vigor del artículo 167 de la Organización Común del Mercados Agrarios (OCMA) para el aceite de oliva con el fin de que la legislación nacional pueda incorporar esta medida antes de la próxima campaña.

Ha recordado la incertidumbre que hay en el sector con respecto a los aranceles de Estados Unidos y que a mitad de agosto se conocerá en qué se concretan. Ha trasladado a la Comisión Europea la necesidad de intensificar los esfuerzos diplomáticos para normalizar las relaciones comerciales con los Estados Unidos y evitar la imposición de aranceles.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha abierto el plazo para solicitar un total de 25 plazas de personal investigador (15) y técnico especialista (10) del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa). Esta Oferta de Empleo Público responde a la apuesta de futuro del Gobierno andaluz por la labor investigadora y de transferencia que desarrolla el Ifapa, según indica en un comunicado.

Los interesados en presentar su candidatura pueden realizar el trámite durante 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación el pasado viernes 17 de julio de 2020. La documentación se debe remitir, preferiblemente, a través de la web del empleado público (http://lajunta.es/10mmk), donde también se ponen a disposición de la ciudadanía los formularios relativos a este proceso de selección, según agrega.

Tras superar las pruebas correspondientes, este nuevo personal del Ifapa se integrará en los grupos de investigación, transferencia y formación que llevan a cabo proyectos incluidos en un total de las siete áreas temáticas de actividad científico-tecnológica.

En concreto, como recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), cuatro plazas pertenecen al área de acuicultura y recursos marinos, cuatro a la de protección vegetal sostenible; cinco al área de alimentación y salud; y dos al área de economía de la cadena alimentaria. A estas plazas se suman otras tres en el área de genómica y biotecnología; cuatro el área de agricultura y medio ambiente; y tres que se unen a ingeniería y tecnología agroalimentaria.

Atendiendo a las diferentes provincias, se ofertan cuatro plazas en Almería (La Mojonera), tres en Cádiz (Rancho de la Merced, El Toruño y Sanlúcar de Barrameda), nueve en Córdoba (Alameda del Obispo, Cabra e Hinojosa del Duque), dos en Granada (Camino de Purchil), dos en Huelva (Agua del Pino e Ifapa Huelva), una en Jaén (Venta del Llano), dos en Málaga (Churriana-Campanillas) y dos más en la provincia de Sevilla (Las Torres).

Esta asignación de las plazas se ha realizado tras un exhaustivo estudio de necesidades, teniendo en cuenta la diversidad de actividades y sectores a los que es necesario dar servicio público desde las competencias que tiene asignado el Ifapa. Se han valorado las necesidades de cada uno de los sectores, la dotación de las siete áreas temáticas en las que funcionalmente se divide el trabajo que desarrolla el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía, y la distribución geográfica en la que orgánicamente está estructurada esta entidad a través de sus centros distribuidos por las ocho provincias andaluzas.

Los precios del aceite de oliva continúan instalados en su tendencia bajista y de estancamiento en el mercado de origen en el décimo mes de esta campaña oleícola 2019/2020 en un momento en el que se vuelven a retomar las movilizaciones del sector productor por entender que no hay razones que justifiquen este escenario de bajos precios y por la nula incidencia que han tenido la activación de las cuatro subastas del almacenamiento privado.

A la espera de que pueda surtir algún tipo de efecto positivo las medidas propuestas por el Ministerio de Agricultura en su decálogo y de la conformación de la próxima cosecha de la campaña oleícola 2020/2021, el sector productor vuelve mañana a las protestas en el puerto de Algeciras, en donde demandará una serie de reivindicaciones, entre ellas denunciar la crisis de bajos precios en el mercado de origen o un mayor control de las importaciones, entre otras demandas.

El Sistema de Información de Precios en Origen del Aceite de Oliva (Poolred), que computa la media ponderada de las operaciones de compraventa, indica que a día de hoy el virgen extra cotiza a una media de 2,05 euros el kilo, mientras que el virgen está a 1,73 y el lampante a 1,65, cifras que el sector productor entiende que están por debajo del umbral de la rentabilidad y de los costes de producción.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha protagonizado un encuentro virtual organizado por la Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur), a la que ha agradecido la labor de asesoramiento que ofrece en una situación “compleja” como la actual marcada por la crisis sanitaria por Covid-19. Crespo ha destacado el papel del sector privado en la recuperación económica, afirmando que su actuación debe sumarse a la de la Administración pública para “evolucionar juntos” avanzando, por ejemplo, en modernización, eficiencia o diversificación.

Entre otras cuestiones, la titular de Desarrollo Sostenible ha propuesto a Cesur mantener próximamente una reunión centrada en el análisis del Anteproyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía, “para ver qué posibilidades tenemos en el futuro” en los distintos sectores de actividad de la comunidad autónoma y “qué nicho de mercado se puede crear” con su aplicación.

Carmen Crespo ha puesto en valor la preparación de la región en el ámbito rural y medioambiental, resaltando que “Andalucía ha dado ya muchos pasos” que ahora se podrían “consolidar” aprovechando los fondos que la Unión Europa (UE) tiene previsto sumar al segundo pilar de la Política Agrícola Común (PAC), en este sentido. La consejera ha recordado que, además del trabajo que su departamento está realizando para preparar el Anteproyecto de Ley de Economía Circular, actualmente se encuentra en información pública el ‘Plan Integral de Residuos de Andalucía. Hacia una Economía Circular en el Horizonte 2030’ (Pirec 2030). Con esta labor normativa, la Junta avanza en la aprobación de la condición de subproductos y la determinación del fin de la condición de residuo de diferentes flujos, de forma paralela a la adaptación a las directivas europeas que se está realizando desde el Gobierno de España. 

“Estamos adelantándonos a los tiempos”, ha enfatizado Crespo, quien ha explicado que esta actitud proactiva andaluza responde a que la economía circular es “un nicho de mercado futuro fundamental”, por un lado, de forma independiente, y por otro lado, en relación con otros sectores como, por ejemplo, el agrario. 

Sector privado

Por otro lado, la titular de Agricultura ha apuntado que “para ser más competitivo, el sector tiene que unirse”, ya que actualmente se encuentra “muy atomizado”. Carmen Crespo ha apuntado la importancia de “coger dimensión” a través de la integración empresarial y ha ofrecido el respaldo de la Junta en una cuestión que considera que debería ser “una de las líneas estratégicas” de Andalucía en la actualidad.

En cuanto a la actuación del Gobierno regional, la consejera ha reafirmado su apuesta por la “transparencia, apreciando lo nuestro,” para alcanzar el reto de “salir todos juntos” de la actual coyuntura económica y sanitaria. Para ello, como ha resaltado Crespo, la comunidad autónoma cuenta entre sus fortalezas con un sector agroalimentario y medioambiental “potente”, que la Junta va a aprovechar “al máximo”, al tiempo que “cuida para el futuro” los recursos naturales. “Tenemos que relanzarnos y salir con más fuerza si cabe” cuando mejoren las circunstancias sanitarias, ha resaltado la consejera.

Medidas de la Junta

En su intervención, la responsable de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se ha referido a numerosas medidas puestas en marcha por el actual Gobierno de Andalucía en la presente legislatura con el objetivo, por ejemplo, de avanzar en simplificación administrativa y conseguir, “por primera vez”, cumplir con la ‘regla N+3’ que rige en las ayudas comunitarias. Esta exigencia establece tres años de margen para la justificación de la ejecución del presupuesto con el que se abonan las ayudas a los beneficiarios de una convocatoria concreta. 

Crespo ha comentado también la “rapidez” que se está implementando en la gestión del canon del agua para mejorar la depuración de la comunidad autónoma. Además, ha puesto en valor que los proyectos y obras que se están impulsando en el ámbito de infraestructuras hidráulicas, con estos fondos y recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), conllevan la movilización de un amplio montante “en obra pública”.

Asimismo, la consejera ha recalcado la clara apuesta de la Junta de Andalucía por el medio ambiente a través del impulso de una Revolución Verde que cuenta con la implicación del propio presidente, Juanma Moreno, a la que se consignarán un total de 1.000 millones de euros y que contribuirá a generar empleo verde y oportunidades de negocio en la comunidad autónoma.

COAG Andalucía pide al ministro de Agricultura, Luis Planas, que exija al comisario europeo una prórroga del almacenamiento privado del aceite de oliva o uno nuevo de, al menos, 200.000 toneladas de aceite, ante una insostenible situación del sector.

El secretario general de COAG Jaén y responsable del sector del aceite en COAG-Andalucía, Juan Luis Ávila, ha recordado que el próximo 3 de agosto finaliza el plazo de almacenamiento de aceite de la tercera licitación y la situación del sector, lejos de haber mejorado se ha visto agravada con precios que no terminan de remontar.

Desde COAG se ha estado trabajando durante meses para que este almacenamiento se ampliase, e incluso el 26 de mayo el Ministerio de Agricultura anunciaba la solicitud por parte del ministro, Luis Planas, al comisario europeo de prorrogar durante seis meses más el almacenamiento privado del aceite de oliva.

Entonces el ministro remitió una carta al comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, en la que solicitaba la prórroga del mecanismo de almacenamiento privado con el objetivo de lograr un alza de los precios y permitir la recuperación del sector antes de que se inicie la próxima campaña.

Y es que fue, a petición de España, por lo que la Comisión Europea autorizó el pasado mes de octubre la activación de este mecanismo, lo que supuso el almacenamiento de 213.445 toneladas de aceite de oliva y permitió una incipiente recuperación de los precios durante el mes de febrero en los mercados europeos.

Ahora, que va a finalizar el periodo de almacenamiento de la tercera de las licitaciones, COAG considera que España debería exigir con más fuerza en Bruselas que se autorice una prórroga para evitar que se agrave la crisis o una nueva licitación de almacenamiento.

La ampliación del plazo de almacenamiento privado es una de las medidas en las que se está trabajando desde COAG para que se produzca la subida de los precios, también se ha pedido al Ministerio de Agricultura que solicite a la UE que suspenda el perfeccionamiento activo y se paralicen los contingentes del aceite que llegan de fuera de España y a la Junta de Andalucía que realice una campaña exhaustiva de revisión de la trazabilidad del aceite de oliva que llega de fuera.

Asimismo, se exige a los supermercados que hagan una diferenciación del aceite de oliva español y que dejen claro aquellos aceites de oliva que realmente su origen es España, igual que empieza a suceder con frutas y hortalizas.

El pasado 6 de julio el ministro visitó Jaén, donde asistió a la reunión del Consejo Provincial de Olivar, y aunque allí presentó las diez medidas del plan del Gobierno para el sector, “el tiempo para los olivareros se acaba”, ya que, según recordaba Ávila esta crisis de precios está costando al sector 3 millones de euros por cada día que pasa, una situación que “es totalmente insostenible” y sean necesarias medidas a corto plazo.

Las organizaciones agrarias andaluzas se manifestarán el próximo martes, 21 de juliom en el Puerto de Algeciras para “exigir que se ponga fin a la competencia desleal que sufre el sector agrario, acosado por la importación indiscriminada de productos agroalimentarios que incumplen las normas europeas (medioambientales, socio-laborales y fitosanitarias) e incumplen además los acuerdos comerciales (en fechas, en cupos y en calidades) en los que se amparan para ingresar en territorio europeo”.

Representantes de ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias participarán en esta concentración que, dadas las circunstancias sanitarias, será representativa y no superará el centenar de personas, según aseguran en un comunicado. El objetivo es demandar un control real y efectivo de las importaciones,exigir el cumplimiento estricto de los acuerdos comerciales en vigor (origen, fechas, cupos y calidades), alertar contra la firma de nuevos acuerdos y condicionar la firma de los mismos a la realización de estudios previos de impacto sobre la agricultura europea y el cumplimiento de los principios de preferencia comunitaria y de reciprocidad.

Cuatro meses después de las multitudinarias tractoradas de enero y febrero, el sector agrario andaluz retoma sus movilizaciones. Los problemas que llevaron a sacar los tractores a las carreteras persisten y, en muchos casos se han visto agravados por los efectos del COVID-19 en la economía, con esta concentración simbólica de protesta en el Puerto de Algeciras el sector agrario andaluz pretende dar una seria llamada de atención que mueva a la reflexión y a la actuación de las autoridades andaluzas, españolas y comunitarias.

“El Puerto de Algeciras, al igual que el resto de puertos de España y de la Unión Europea, no puede ser por más tiempo un coladero de productos importados sin control de países de fuera de la Unión Europea”, afirman.

Para las organizaciones convocantes, la concentración frente al Puerto de Algeciras simboliza “la denuncia constante de los incumplimientos de los acuerdos comerciales agroalimentarios que la Unión Europea tiene establecidos con países terceros, mientras que las autoridades hacen oídos sordos, permitiendo la entrada masiva y descontrolada de productos agroalimentarios, lo que hiere de muerte a nuestro tejido productivo, desestabilizando el mercado y engañando a los consumidores”.

Y añaden: “Hartos de que tanto la Unión Europea, como el Gobierno español y la Junta de Andalucía miren hacia otro lado, las organizaciones exigen que se cumpla el principio de preferencia comunitaria-primero lo producido en la Unión Europea-, así como el principio de reciprocidad; es decir, que los productos que vienen de países terceros cumplan los mismos requisitos europeos en materia medioambiental, de seguridad alimentaria y de condiciones laborales”.

La concentración, que se iniciará a las 11:00 horas, “cumplirá escrupulosamente todas las medidas de seguridad vigentes por la pandemia COVID-19”, concluyen.

Los presidentes de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Pedro Barato, y de Baleària, Adolfo Utor, han presentado hoy en el puerto de Denia (Alicante) la nueva imagen del ferry de alta velocidad Cecilia Payne vinilado con la creatividad de la campaña Olive Oil World Tour, que la organización está desarrollando desde hace dos años en Europa con el apoyo de la Unión Europea.

El ferry Cecilia Payne, que acercará la imagen de nuestros aceites de oliva a miles de viajeros, navega en la ruta Denia-Ibiza-Palma. El vinilo con la creatividad de campaña “Olive Oil World Tour” se dispone en la proa del barco a ambos lados y cuenta con una dimensión de 20×5 metros en cada lado. Este barco, de 86 metros de eslora, puede navegar a una velocidad de 38 nudos, y dispone de numerosos servicios a bordo como tienda, cafetería, internet y acomodación para mascotas, entre otros. Cabe destacar que Baleària dispone del certificado Global Safe Site gracias a los protocolos de seguridad y limpieza implantados en su flota.

Con esta acción, Aceites de Oliva de España y la UE quieren mostrar su apoyo a la reactivación del sector turístico nacional en la nueva normalidad, así como las actividades económicas relacionadas, incluidas la logística, el transporte, la restauración y la gastronomía. No en vano, se trata de un motor de la economía y el empleo para España en general y para Comunidad Valenciana e Islas Baleares en particular.

“Queremos que los viajeros conozcan que tenemos una joya gastronómica que es además de sabrosa y versátil, muy saludable. La imagen de nuestros aceites de oliva ha customizado desde un avión a un tren de alta velocidad, gracias a la campaña de promoción Olive Oil World Tour. Hoy sumamos este nuevo soporte espectacular, el barco de Baleària. Pero quiero resaltar que el acto de hoy va más allá de una acción promocional. Aquí estamos representados dos sectores fundamentales de nuestra economía, trabajando juntos, para conquistar la nueva normalidad. Todos estamos en el mismo barco”, ha explicado el presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Pedro Barato.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha señalado estar encantado de que se haya optado por un barco como plataforma para promocionar un producto tan mediterráneo como el aceite de oliva y ha añadido que “el barco es, hoy en día, uno de los medios de transporte más seguros, ya que dispone de espacios amplios y abiertos que permiten garantizar la distancia social, además de todos los protocolos de desinfección implantados a bordo”.

Olive Oil World Tour, en las principales conexiones turísticas

El vinilado del ferry Cecilia Payne se enmarca en la campaña “Join the European healthy lifestyle with Olive Oils from Spain. Olive Oil Makes a Tastier World” para el período 2018- 2021 desarrollada por Aceites de Oliva de España con apoyo financiero de la UE, en España, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, EEUU y Asia (China, Japón y Taiwán). Esta iniciativa recorre el mundo mostrando las bondades de los aceites de oliva de la UE en las principales conexiones logísticas que utilizan millones de viajeros. Así, por ejemplo, se han instalado los espacios “Olive Oil Lounge” en aeropuertos, estaciones de tren y los puertos más transitados del mundo, que disponen de una oleoteca con una muestra de los mejores aceites de oliva virgen extra; degustaciones adaptadas al ritmo de las zonas de tránsito de pasajeros; paneles informativos; y una zona específica para los niños.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha pedido al Gobierno central que luche para evitar un posible recorte del 9% en la futura Política Agrícola Común (PAC) con respecto al montante económico del marco 2014-2020. Crespo afirma que se trata de una cuestión “fundamental para Andalucía” porque la Comunidad Autónoma dejaría de percibir 1.160 millones de euros. La representante del Gobierno andaluz ha hecho estas declaraciones en alusión al Consejo Especial Europeo que se celebra a final de esta semana (17-18 de julio) con el fin de debatir el plan de recuperación para responder a la crisis por Covid-19 y un nuevo presupuesto de la Unión Europea (UE) a largo plazo (marco financiero plurianual 2021-2027).

Carmen Crespo reclama al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que defienda una “PAC contundente, por lo menos, con las mismas características que la actual”. “Esa es la mayor batalla que puede librar un Gobierno” en favor de un sector agroalimentario que, en el marco de la pandemia por Covid-19, ha demostrado ser un “colchón” en tiempos de crisis y “un elemento fundamental para la recuperación de nuestro país”.

Asimismo, la consejera ha recalcado que el Gobierno andaluz está “muy pendiente de la negociación europea del marco plurianual” y su resultado para la Política Agrícola Común, apuntando que se trata de “un debate que excede nuestras fronteras pero en el que somos una pieza fundamental como perceptores de la PAC”.

La represente del Gobierno andaluz ha afirmado que la Junta estará “al lado del Ministerio para reclamar una PAC justa para nuestro país y para nuestra Comunidad Autónoma”, si bien más adelante, cuando se produzca el reparto nacional, será preciso debatir otros “conceptos importantes”. A modo de ejemplo, Crespo se ha referido a  la posibilidad de que se reduzca el número de regiones productivas. “No estamos de acuerdo”, ha aseverado la responsable de Agricultura, que ha explicado que esta medida “significaría una tasa plana, especialmente, para el olivar de nuestra tierra”.

Reunión telemática con entidades tramitadoras

Carmen Crespo ha intervenido esta mañana en una videoconferencia con más de un centenar de participantes entre los que se encontraban representantes de las entidades reconocidas para tramitar las ayudas PAC en Andalucía (cooperativas agrarias, organizaciones profesionales agrarias y entidades bancarias) y personal del Departamento de Agricultura de la Junta. 

La consejera ha agradecido el “especial” esfuerzo que han tenido que realizar las entidades que colaboran con el Gobierno andaluz para conseguir que las solicitudes de la convocatoria 2020 se hayan presentado sin incidencias a pesar de las complicaciones extraordinarias aparejadas a la pandemia. Crespo ha valorado el trabajo “exhaustivo” que han llevado a cabo en beneficio de unos agricultores y ganaderos que “han estado a la altura de las circunstancias abasteciendo los mercados de medio mundo”.

En su discurso, la titular de Agricultura ha resaltado “el trabajo paralelo” que han desarrollado tanto estas entidades como los técnicos de la Consejería durante los últimos meses salvando las dificultades derivadas del coronavirus para intentar que no se registrara ningún retraso en el procedimiento. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha impuesto, en el primer semestre del año, un total de 257 sanciones por un valor cercano a 323.000 euros, según el Informe de Actividad Inspectora y de control de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) presentado hoy.

De las sanciones impuestas, más de la mitad, con un 64 % se han correspondido al sector hortofrutícola; seguida por el aceite de oliva, con el 19,5 %, y por el cárnico, con el 9,3 %.

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha presidido el Consejo Asesor de AICA, organismo adscrito al MAPA, en el que se ha informado sobre la actividad de la AICA a fecha 30 de junio de 2020.

Miranda ha recordado que las buenas relaciones de la cadena son un tema crucial para el futuro y la sostenibilidad del sector agroalimentario. Y AICA cumple una labor fundamental al controlar a todos los agentes de la cadena alimentaria y proponer sanciones a aquellos que incumplen las normativas.

Desde 2014 se han dictado 2.169 infracciones con sanción. Los sectores con mayor número de incumplimientos han sido el sector de frutas y hortalizas (985), el lácteo (325), el sector vitivinícola (261) y el oleícola (201).

El motivo más frecuente de sanción es el incumplimiento de los plazos de pago (47%), seguido por aspectos como no incluir todos los extremos en los contratos (31%) y la ausencia de contratos (19%).

En el primer semestre de 2020 se han realizado grandes avances en la mejora de las relaciones comerciales en la cadena alimentaria para dotar de mayor transparencia la formación de precios, ha señalado Miranda.

La directora de AICA, Gema Hernández, ha destacado que, en este semestre, tras la aprobación en febrero del Real Decreto-Ley 5/2020, la Agencia ha introducido en su labor de control los cambios legislativos de la norma como, por ejemplo, el hecho de que, por primera vez, se tengan en cuenta los costes de producción en la compraventa de productos agrarios.

Ha brindado su apoyo al sector para informar sobre dichos cambios y ha creado un nuevo formulario de denuncias más intuitivo y fácil, que se puede rellenar desde la misma página web de la AICA.

Entre enero y junio de 2020, como consecuencia de 65 inspecciones de oficio realizadas por la AICA, se han controlado un total de 404 relaciones comerciales entre operadores de la cadena alimentaria, la mayor parte en el sector del aceite de oliva (151), seguida por el hortofrutícola (126), por el lácteo (82) y por el sector cárnico (45).

El número de inspecciones desde la creación de AICA en enero de 2014 y hasta el 30 de junio de 2020, ha sido de 4.329 inspecciones, destacando las 1.470 en el sector de frutas y hortalizas, 795 en el sector vitivinícola, 791 en el lácteo, 595 en el sector oleícola, 125 en los cereales y 417 en el sector cárnico.

Hernández ha destacado el trabajo de la Agencia en su labor de vigilancia para evitar los desequilibrios entre los operadores que intervienen en las relaciones comerciales en la cadena alimentaria y luchar contra las prácticas comerciales abusivas.

El número de denuncias presentadas ante AICA en 2020 ha sido de 33 realizadas, sobre todo, por organizaciones y asociaciones (14), así como por la industria (13). Además, la mayoría de estas denuncias han tenido como objeto el sector lácteo (14) y el hortofrutícola (11). En estos más de 6 años de actividad, han sido 326 denuncias, entre ellas 127 en el sector lácteo; 89, en frutas y hortalizas; 37, en el sector oleícola; y 40, en el sector vitivinícola.

AICA es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, creado mediante la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, con el objetivo de controlar el cumplimiento de la misma en lo que respecta a las relaciones comerciales entre los operadores.

La actividad de control que ejerce la Agencia se realiza cuando ésta recibe una denuncia por incumplimientos a la Ley de la Cadena Alimentaria y mediante inspecciones de oficio. AICA inicia e instruye el procedimiento sancionador correspondiente en caso de detectar algún incumplimiento.

AICA también gestiona los sistemas de información y control de los mercados en los sectores oleícola y vitivinícola.

Desde 2016, es competente en el control oficial de los operadores acogidos a las Denominaciones de Origen (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de ámbito supraautonómico. Comprueba el cumplimiento de los requisitos de los pliegos de condiciones de las DOP Jabugo, Arroz de Calasparra y Cordero Segureño, y las IGP Los Beyos y Carne de Ávila. 

La Agencia de Información y Control Alimentario realiza una constante labor de inspección en todos los sectores y a todos los agentes que intervienen en las relaciones comerciales de la cadena de valor. Se ocupa de la tramitación de expedientes, investigación de denuncias y propuesta de sanciones.

Desde que se creó AICA en 2014 en el marco de la Ley de la Cadena Alimentaria, AICA supervisa las relaciones comerciales en el sector agroalimentario con el objetivo de evitar desequilibrios.

El sector olivarero español sufre las consecuencias del conflicto originado por las ayudas de la UE a la aeronáutica Airbus, que se ha traducido en una sucesión de aranceles para el aceite de oliva envasado y la aceituna de mesa. Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España consideran en un comunicado que “este sector que ya atraviesa una situación de falta de rentabilidad, no puede ser una vez más, perjudicado por decisiones políticas totalmente ajenas”.

Cooperativas Agro-alimentarias de España ya ha solicitado por carta una reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas y con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la que piden “una defensa firme de los intereses del sector, motor de nuestra economía y clave para el mantenimiento y la sostenibilidad de nuestros pueblos. Al parecer, países como Francia y Alemania, también afectados por la decisión de la OMC que calificó como ilegales las ayudas a Airbus, ya han regularizado estas ayudas, y sin embargo, desconocemos la decisión del Gobierno español respecto a este tema”.

Cooperativas Agro-alimentarias de España teme que el Gobierno de Estados Unidos apruebe la imposición de nuevos aranceles a partir de mediados de agosto, que podrían gravar a la aceituna de mesa y al aceite de oliva español con una tasa arancelaria de hasta el 100% del valor del producto, lo que supondría la expulsión definitiva de estos sectores de un importante mercado que ha llevado años y grandes inversiones conquistar.

La aceituna de mesa es uno de los sectores más afectados por los ataques de Estados Unidos al sector agroalimentario. Desde noviembre de 2017, el sector soporta aranceles por la exportación de aceituna negra por antidumping, que el Gobierno de Trump fijó en un 34,79% en junio de 2018. Tras perder más de la mitad del mercado estadounidense, el sector recibió un nuevo varapalo en octubre de 2019, con la imposición de nuevos aranceles a la producción de aceituna de mesa, está vez de un 25% y a la aceituna verde.

En el caso del aceite de oliva, la imposición de una tasa del 25% al aceite de oliva envasado de origen español está expulsando al sector de Estados Unidos, mercado que hasta el pasado 18 de octubre era el segundo país importador de aceite de oliva de España, por detrás de Italia. Sin embargo, según los últimos datos disponibles, las ventas de aceite de oliva español envasado entre mayo de 2019 y el mismo mes de 2020 se desplomaron por encima de un 71%, a pesar de que Estados Unidos volvió a batir su récord mensual de importaciones de producto envasado, con más de 25.600 toneladas.

Por todo ello, Cooperativas Agro-alimentarias de España insiste al Gobierno central a que solicite medidas compensatorias para estos dos sectores y explique cuál es su hoja de ruta para evitar que un conflicto ajeno al sector agroalimentario tenga consecuencias en productores y cooperativas, que generan empleo, dinamizan la economía y no se deslocalizan como otras empresas. También han solicitado que intensifiquen las conversaciones diplomáticas para poner fin de una vez por todas a los conflictos comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea.