Mes: noviembre 2020

La revisión de las tablas salariales del convenio del campo de la provincia de Jaén se ha firmado hoy entre la patronal y los representantes de los sindicatos UGT y CC OO con un incremento del 1% para esta campaña.

Los trabajadores tendrán salarios que oscilan entre los 54,50 euros y 56,93 euros, dependiendo de la categoría profesional  por jornada de 6 horas y 30 minutos, con 15 minutos de descanso retribuido.

“Desde CCOO valoramos positivamente que, dada la situación actual en que nos encontramos, el convenio del campo aumenta los niveles retributivos dando ejemplo de cómo los dos eslabones de la cadena, productores y trabajadores, siguen alcanzando acuerdos. Ejemplo que debería seguirse en el convenio del aceite y sus derivados de la provincia; donde, sin embargo, las propuestas de la patronal van encaminadas a recortar derechos y salario a los trabajadores”, señalan desde el sindicato. 

UPA-Jaén

UPA Jaén, en su calidad de miembro de la mesa negociadora como parte empresarial, ha firmado esta mañana la actualización de las tablas salariales del convenio del campo, el más importante de todos los que se negocian puesto que afecta a más de 100.000 empresarios y trabajadores, que supone, como estaba pactado, el incremento del salario en un 1%. Base mínima por la que se actualizan las tablas al tener, en la provincia de Jaén, un IPC negativo del -0,3%. Una cantidad que, de forma individual, significa un aumento de 54 céntimos de euro sobre el precio del jornal de la campaña pasada, hasta los 54,50 euros para una jornada de 6:30 horas, pero que a nivel general supondrá el movimiento de algo más de 3 millones de euros durante los meses de la cosecha.

El secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, explica: “Hoy toca la revisión de la tabla salarial con una subida del 1%. Puede parecer poco, porque son 54 céntimos de incremento por jornal, pero el hecho de que la subida esté por encima de un IPC negativo demuestra la concienciación de todas las partes para que no se pierda poder adquisitivo. Además, en una campaña en la que se prevén 5,6 millones de jornales, según el aforo elaborado por la Junta de Andalucía, representa un movimiento de algo más de 3 millones de euros en la provincia de Jaén durante los meses de recolección”.

Igualmente, UPA Jaén hace un llamamiento a los empresarios agrarios para que contraten mujeres en esta campaña atípica condicionada por la pandemia de la Covid 19. “Las mujeres rurales están plenamente capacitadas para trabajar en los tajos como cualquier hombre. Por eso creemos importante que el empresario se conciencie de esa realidad y también hacemos hincapié en la necesidad de que las administraciones fomenten la formación de las mujeres para que estén más capacitadas en todas las tareas de la recolección de la aceituna”, aclara Cristóbal Cano.

UPA Jaén vuelve a hacer un llamamiento al Gobierno central para que permita la compatibilización del cobro de las ayudas por ERTE o por cese de actividad en las personas autónomas con el trabajo en la recolección de la aceituna con el objetivo de que no haya problemas de recogida ante las restricciones de movilidad que estamos sufriendo por la pandemia. Igualmente, insiste en la petición a la Junta de Andalucía de realizar test a los jornaleros, aumentar el presupuesto de albergues y reforzar la atención primaria en los centros de salud de nuestros municipios, para que no se produzcan brotes durante la campaña y la recogida del fruto se pueda hacer con la mayor normalidad posible dentro de las circunstancias sanitarias en las que nos encontramos.

ASAJA-Jaén

ASAJA-Jaén y el resto de componentes de la mesa negociadora del convenio del campo han firmado este mediodía la actualización del convenio del campo firmado en 2018, que regula las relaciones laborales entre empresario y trabajador del sector agrario de la provincia hasta la próxima campaña 2021/2022. Se trata del tercer año de los cuatro acordados en el convenio, y lo que se estipula es una subida de un 1%. De esta forma, un vareador para seis horas y media de jornada percibirá 54,50 euros y un vareador de máquina 56,93. El próximo año continuarán los incrementos, puesto que se estipula una subida ligada al valor del IPC dentro de la horquilla de entre el uno y el dos por ciento. Así, se aplicará una subida máxima de un 2% y una subida mínima de un 1%. Es decir, que si el IPC sobrepasa el 2%, la subida será sólo del 2% y si baja del 1%, la subida será del 1%. En el caso de que el IPC esté en mitad de esa franja, se aplicará la subida del IPC.

“Con la firma de la actualización del convenio del campo hemos dado cumplimiento a un pacto que se hizo tres años, y que se prolongará hasta el próximo, aplicando lo convenido, una subida de un 1%, que supone un incremento de algo más de 50 céntimos por jornal para los vareadores”, explica el gerente y portavoz de ASAJA-Jaén, Luis Carlos Valero.

El Consejo de Ministros ha aprobado, en segunda lectura, el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Tras esta aprobación, inicia ahora su trámite parlamentario con intención de que entre en vigor el 1 de noviembre de 2021, con tiempo suficiente para que el sector se pueda adaptar, según ha explicado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Con las actualizaciones de la ley realizadas en febrero y las que ahora van a las Cortes Generales se avanza, de acuerdo con el ministro, en el firme compromiso del Ejecutivo de modificar la Ley de la Cadena Alimentaria para impulsar un reparto más equitativo del valor añadido a lo largo de la misma.

Se fomenta, asimismo, la transparencia en la formación de precios y se protege a los eslabones más débiles por su posición en la cadena, al tiempo que se estimulan las relaciones comerciales y la innovación a través de la mejora de la operatividad de las transacciones.

El proyecto de ley amplía su ámbito de aplicación, generaliza los contratos por escrito, amplía la lista de nuevas prácticas comerciales desleales prohibidas y actualiza las infracciones y sanciones.

La nueva norma completa los cambios inaplazables introducidos por el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación y que constituyó el primer paso en la mejora de la ley de la cadena que ha iniciado el Gobierno este año.

En esta segunda fase, se incorpora al ordenamiento nacional la Directiva 2019/633 relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario. Las modificaciones que se introducen amplían el ámbito de aplicación de la vigente norma y establecen mecanismos que la refuerzan para incrementar su eficacia.

El problema del desequilibrio en la cadena agroalimentaria no es exclusivo de España, sino una realidad compartida por todos los Estados de la Unión Europea.

A este respecto, el Gobierno considera imprescindible y prioritario perseguir las prácticas desleales que generan situaciones de desequilibrio entre los operadores y que comprometen la capacidad de negociación de las partes más débiles. De esta manera se logrará dinamizar el mercado e impulsar el reparto equitativo del valor añadido.

Para el ministro, el proyecto de ley es un paso adelante para un sector, el agroalimentario, altamente competitivo y que ha hecho un trabajo excelente en los últimos siete meses para abastecer de alimentos a la población española y mantener el pulso exportador.

Planas ha indicado que el sector agrario ha sido el único en el que el PIB ha crecido en los últimos 12 meses (6,9 %). En este periodo, por otra parte, las exportaciones han aumentado un 5,5 % y han alcanzado los 54.600 millones de euros, lo que ha dejado un saldo positivo en la balanza comercial agroalimentaria de 16.900 millones de euros.

Por otro lado, en el mes de septiembre la inscripción de maquinaria agrícola nueva ha crecido un 20 %, hasta alcanzar las 3199 unidades.

Todo ello, ha resumido, es “una buena muestra de que el sector está funcionando bien”, lo que no quiere decir que no existan algunos desequilibrios estructurales que corregir.

Y ahí es donde se enmarca la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria en su triple objetivo: dotarla de más transparencia, mejorar el equilibrio entre sus eslabones y proteger al eslabón más débil, los agricultores y ganaderos.

La Ley de la Cadena Alimentaria ha desempeñado, desde su promulgación, un servicio esencial en el proceso de paulatino reequilibrio de las relaciones comerciales agroalimentarias. Bajo la premisa de mejorar su eficiencia y darle un decidido impulso, el proyecto de ley aprobado hoy incluye mejoras entre las que destacan:

·   Se amplía el ámbito de aplicación espacial y material de la norma.

En el primer caso, la ley no solo afectará a las relaciones comerciales internas, sino que se extenderá también a las de ámbito comunitario en las que participe un operador establecido en España, siempre que no aplique la legislación de otro Estado miembro. También aplicarán sus prohibiciones y sanciones en las relaciones de un operador establecido en España y otro de un tercer país.

En cuanto al ámbito material, además de los alimentos y productos alimenticios, se contemplan las materias primas y otros productos contemplados en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

·   Se amplían los supuestos en los que es obligatorio hacer contratos por escrito hasta la práctica totalidad de las operaciones.

·   Se incorporan prácticas comerciales desleales que, a día de hoy, no están recogidas en la legislación española, fruto de la trasposición de la directiva europea. La modificación unilateral de contratos en lo que se refiere a volumen o la devolución de productos no vendidos (salvo pacto expreso) son algunos ejemplos.

·   Se incorporan nuevas infracciones o se recalifican otras para asegurar la mejor aplicación y eficacia de la norma. Entre ellas, cabe señalar la cancelación de un pedido 30 días antes de la fecha de entrega (leve) o la obstrucción de la inspección (grave). Exigir pagos adicionales o asunción de costes sobre el precio pactado que pasa de leve a grave.

·   Se reconoce a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como autoridad de control de lo dispuesto en la ley en el ámbito nacional. Será, además, punto de contacto y cooperación con otras autoridades y con la Comisión Europea.

Estas novedades se suman a las introducidas a inicios de 2020 como respuesta urgente a la grave situación en que se encontraba el sector primario y que supusieron algunos cambios fundamentales:

·   Cada operador de la cadena alimentaria debe pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción, lo que implica de facto que los precios se fijen de abajo hacia arriba y el reparto del valor sea más justo.

·   Los costes de producción tienen que ser la base de la negociación de los contratos escritos y se obliga a incluir en los contratos alimentarios la indicación de que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción.

·   En ese mismo sentido, en la determinación del precio en cuantía variable uno de los factores a utilizar para su determinación serán, en todo caso, los costes efectivos de producción.

·   Las actividades promocionales no pueden inducir a error sobre el precio e imagen de los productos.

·   La tipificación de las infracciones en materia de contratación alimentaria se recalifica en cuanto a su gravedad.

·   Se prevé la publicidad de determinadas sanciones con motivo de estas infracciones.

El Proyecto de Ley que ahora entra en el Congreso de los Diputados inició su tramitación el 1 de abril de este año mediante la consulta pública previa. Desde entonces se ha debatido con todos los operadores de la cadena y el resto de administraciones afectadas bajo un espíritu de colaboración y diálogo.

Tras su paso, en primera lectura, por el Consejo de Ministros, se ha procedido a la realización del trámite de información pública y consulta a las comunidades autónomas y el sector, y a recabar los informes necesarios. Entre estos, cabe destacar, además de los de otros departamentos, el del Consejo Económico y Social, el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el dictamen del Consejo de Estado. El texto final, perfeccionado por estas aportaciones, es el que ha sido aprobado hoy en segunda lectura por el Consejo de Ministros.

El precio medio del aceite de oliva en el mercado de origen oscila entre los dos euros el kilo (casi 1,98) para la calidad lampante y los 2,63 para el virgen extra, mientras que para el virgen la cotización alcanza los 2,04. Este repunte sostenido y paulatino comenzó a finales de la pasada campaña oleícola 2019/2020 y continúa en la actual 2020/2021 en todas las categorías, aunque mantiene escasos diferenciales de precios entre calidades, según constata el Sistema de Información de Precios en Origen del Aceite de Oliva (Poolred), consultado por Oleum Xauen, sistema que obtiene la media ponderada de las operaciones de compraventa de aceite de oliva en el mercado de origen.

Esta situación se produce después de una campaña, la 2019/2020, que ha mantenido, como en la anterior, la atonía en los precios bajos en el mercado de origen, por debajo incluso de los costes de producción. Una campaña en la que se ha batido el récord de comercialización y de importaciones de aceites de oliva.  

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado hoy en el Senado la necesidad de aunar esfuerzos para alcanzar un pacto de Estado para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España y dejar de lado las diferencias territoriales y posiciones de partido, con el objetivo de trabajar juntos en defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos españoles.

El ministro ha destacado que “estamos en un momento fundamental” para el futuro de la agricultura, la ganadería y el medio ambiente. Gracias a la actuación del Gobierno, España va a contar con un presupuesto de 47.724 millones de euros para la PAC, de los que 39.193 millones serán para el primer pilar (ayudas directas) y 8.531 para medidas del segundo pilar (desarrollo rural), en un contexto de salida del Reino Unido y de crisis sanitaria por la COVID-19.

A esta cantidad hay que añadir la cofinanciación autonómica y nacional, lo que supondrá más de 52.000 millones de euros para los próximos siete años, además de las ayudas del Fondo de Recuperación. Planas ha señalado que el Ministerio incorpora 406 millones de euros en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021, para la modernización y competitividad del sector primario, enmarcados en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El ministro se ha referido asimismo al último Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea donde, tras largas negociaciones, España ha logrado incorporar el 95% de sus posiciones en el documento final. Para Planas, se trata de un buen acuerdo que permite el equilibrio entre el mantenimiento de las rentas y el apoyo a los agricultores y ganaderos y la arquitectura verde, el respeto al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. 

Planas ha recalcado que el futuro acuerdo para la aplicación de la PAC en España, “tiene que pasar por el diálogo que estamos llevando a cabo desde febrero de 2019 con el conjunto de las comunidades autónomas”. Se trata, ha añadido, de una gran oportunidad para España.

Como consecuencia de los bajos precios del aceite de oliva en la presente campaña, el alpeorujo se ha convertido en un problema para su eliminación, ya que las extractoras no cubren sus gastos de funcionamiento, por lo que han solicitado en la presente campaña aportaciones a los productores por el procesado de este residuo obtenido en la extracción del aceite de oliva, asegura un comunicado de la DO Sierra Mágina.

En Sierra Mágina, y al amparo del Consejo Regulador, se constituyó en el año 2004 una central de ventas del alpeorujo producido por quince almazaras y cooperativas de la comarca, que se unieron bajo el nombre de “Gestión de Alpeorujos de Mágina, S.L.” para buscar una solución conjunta a la eliminación de los alpeorujos y con un carácter solidario, buscando apoyar a aquellas cooperativas más alejadas geográficamente de las plantas extractoras.

Desde entonces se han realizado las ventas de forma conjunta, trabajando con plantas extractoras de Jaén y Córdoba, habiendo podido cubrir el coste del transporte del mismo en la mayoría de los años, incluso con algún beneficio.

Sin embargo, dada la situación de la campaña actual y la posibilidad de que pudiera repetirse en el futuro, el consejo de administración de la empresa ha acordado estudiar proyectos para dar salida a la producción de alpeorujo, de forma sostenible y que pudieran crear actividad económica y empleo en la comarca de Sierra Mágina. Y una de las alternativas a estudiar será la producción de compost a partir de este alpeorujo de forma que pudiera ser reutilizado en el olivar y cerrarse así el ciclo.

La producción media de alpeorujo gestionado por esta central de ventas asciende a unas 70.000 toneladas de media, y tiene su sede en el edificio del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina. En la actualidad ostenta la presidencia de la empresa Dolores Amezcua en representación de la SCA Bedmarense.

Las entidades que actualmente comercializan con Gestión de Alpeorujos de Mágina son: SCA Bedmarense, SCA Trujal de Mágina, SCA Unión Oleícola Cambil, SCA La Unión del Santo Cristo, SCA Nuestra Sra. de los Remedios, Aceites Campoliva, Herederos de Ildefonso Espinosa, SCA San Sebastián, SCA Jesús del Gran Poder, SCA Nuestra Sra. del Pilar del Andaraje, Monva y Oleo Viana.

El presupuesto consolidado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ascenderá a 8.496,2 millones de euros en 2021, lo que supone un aumento del 10,47 % con respecto al 2020.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que este presupuesto está enfocado a impulsar la competitividad y la sostenibilidad del sector agrario, pesquero e industria agroalimentaria.

Se trata de unas líneas de financiación destinadas a potenciar la digitalización e innovación, un regadío eficiente, el relevo generacional y la presencia de la mujer en el rural, así como un sector agrario y pesquero más sostenible. De esta forma, se desarrollarán las posibilidades de crecimiento que contribuirán a fortalecer el tejido productivo y económico a través de un apoyo decidido al sector agroalimentario.

Son unos presupuestos que garantizarán la creación de condiciones para promover un medio rural vivo, dinámico, poblado y atractivo para los jóvenes, las mujeres y el talento.

Se contemplan actuaciones de apoyo a la formación y el emprendimiento de jóvenes y mujeres en el medio rural, así como medidas concretas para facilitar la adaptación y transición digital del sector agroalimentario y del medio rural.

Para reforzar la consecución de estos objetivos, en el presupuesto del Ministerio para 2021 se integra una partida de 406,5 millones de euros del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Producciones agroalimentarias y regulación de mercado

En materia de producción agraria, los principales objetivos son la mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas para que sean cada vez más respetuosas con el medio ambiente y más eficientes en el uso de recursos naturales.

El presupuesto aumenta el 247,23 % frente al anterior, hasta los 155,85 millones de euros. Destaca un incremento del 19,3 % de la partida para la renovación del parque de maquinaria agrícola, que contará con 9,5 millones de euros, de los que 6,5 millones de euros se destinarán a subvenciones y 3 millones de euros a la bonificación de créditos.

A la mejora de la competitividad de la industria y la calidad alimentaria se dedicarán 25,11 millones de euros, cuantía destinada a hacer de la calidad de los productos una seña de identidad y a favorecer la existencia de empresas agroalimentarias y cooperativas más grandes, eficientes y sostenibles. Destaca el aumento de la partida destinada a la promoción alimentaria. La estrategia de #alimentosdespaña está dotada con cerca de 9,7 millones de euros para apoyar la promoción en el mercado nacional y en el exterior.

En este mismo capítulo se potencia la labor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), como organismo referente en el control de las relaciones comerciales, para lo que se ha aumentado la partida el 31,83 %, hasta 8,26 millones de euros.

Dentro del programa de regulación de los mercados agrarios, las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA) apoyarán al sector agrario y alimentario con unos 5.793 millones de euros, un 2 % más con respecto al año anterior. En este contexto las grandes partidas de gasto siguen siendo las ayudas directas desacopladas y asociadas que constituyen un apoyo fundamental a la renta de los productores agrarios, los programas nacionales de apoyo al sector vitivinícola y apícola y los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas.

En este ámbito es importante señalar el esfuerzo adicional en materia de sanidad animal y vegetal, con un incremento del presupuesto superior al 11 %. Cada vez es más evidente que la competitividad de las producciones y su mejor posicionamiento en los mercados pasa por mantener elevados estándares de sanidad. El ministro ha destacado que “los gastos en sanidad siempre deben ser considerados no como un coste, sino como una inversión.”

Desarrollo del medio rural

El presupuesto contempla una partida destinada a la financiación por parte de la Administración General del Estado de los programas de desarrollo rural cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el presupuesto de las comunidades autónomas, contribuyendo de esta forma a la ejecución de los programas de desarrollo rural autonómicos en todo el territorio nacional, en los cuales está previsto que se gasten más de 1.365 millones de euros provenientes de dicho fondo, un 20 % superior al presupuesto inicial del año previo. Asimismo, se produce un incremento de 10 millones de euros en la cofinanciación nacional del Programa Nacional de Desarrollo Rural, un 75 % más.

Como novedad, el proyecto de presupuestos incluye una nueva línea de ayudas para desarrollar el programa de acciones formativas para jóvenes agricultores en explotaciones modelo, dotada con 1 millón de euros. Así, se pondrá en marcha un nuevo programa de visitas y estancias para mejorar las capacidades y conocimientos técnicos de jóvenes agricultores y ganaderos. El objetivo: facilitar el relevo generacional, además de la competitividad y sostenibilidad a largo plazo de las explotaciones agrarias.

También se incorpora una nueva línea de apoyo a mujeres emprendedoras, con un presupuesto de 500.000 euros para contribuir al desarrollo de iniciativas empresariales de mujeres rurales y visibilizar el importante papel que desempeñan en el territorio.

La partida destinada a las actividades que desarrolla la Red Rural Nacional, entre ellas, la ejecución de su plan de acción y la nueva la campaña de comunicación del departamento para destacar en la sociedad la importancia del sector agroalimentario y del medio rural, se incrementa en 2,6 millones de euros hasta un montante total de 4,75 millones de euros.

Aumenta la partida de gasto dedicada a la gestión de los recursos hídricos para el regadío, la ejecución de los caminos naturales y otras infraestructuras rurales, con un total de 59,55 millones de euros. De esta forma, el Gobierno acometerá nuevas inversiones en regadíos sostenibles, que generan valor añadido y fijan población en el territorio. También se amplía el programa de caminos naturales para vertebrar el territorio, generar empleo y actividad económica.

El presupuesto recoge actuaciones concretas de apoyo a la transformación digital y la adquisición de habilidades y herramientas digitales en el ámbito agroalimentario, así como una nueva línea de apoyo a las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias en colaboración con Empresa Nacional de Innovación (ENISA), con una dotación de 13 millones de euros, procedentes, también, de las ayudas previstas para el sector agroalimentario en el plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española, en línea con la “Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural”.

En lo que se refiere a la política pesquera, suben un 35 % los fondos destinados al programa de protección de los recursos pesqueros y el desarrollo sostenible, hasta algo más de 25,3 millones de euros, para reforzar el conocimiento científico en la toma de decisiones y en línea con otro de los objetivos de la Política Pesquera Común, la sostenibilidad socioeconómica del sector.

Además del esfuerzo en campañas de investigación y labores de refuerzo de la observación científica, hay que destacar el mantenimiento del compromiso para la modernización y ampliación de la Red de Reservas Marinas de Interés Pesquero, así como la apuesta por el establecimiento de un  programa de apoyo ambicioso a la investigación pesquera y acuícola

El programa de mejora de las estructuras y mercados pesqueros, dotado con unos 49,5 millones de euros, el 21,5 % más frente al presupuesto anterior, contempla el impulso a las organizaciones de productores  pesqueros, el apoyo financiero a las paradas temporales en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), las inversiones en materia de control y vigilancia pesquera o el desarrollo de la acuicultura a través de  planes nacionales de cultivos.

Este año, como novedad, se incorporan medidas de apoyo a la digitalización e innovación, así como un instrumento específico de 10 millones de euros, que será gestionado por la Sociedad Anónima Estatal de Caución (SAECA) para poner en marcha un fondo de reafianzamiento que facilite el acceso a la financiación de los sectores pesqueros y acuícola.

La lucha contra la pesca ilegal y las actividades de control mantienen sus disponibilidades presupuestarias. En particular se dota a los medios aéreos, marítimos y terrestres de los recursos suficientes para su operatividad y mejora de su eficacia, además se destinarán inversiones para la incorporación de nuevas tecnologías a estas acciones.

También se realizarán proyectos para mejorar la competitividad del sector, así como para optimizar su conectividad y las condiciones a bordo, además de para favorecer la incorporación de nuevas herramientas de verificación de sus capturas y mejoras en la eficiencia energética de los buques.

Seguros agrarios

Los seguros agrarios continúan como una de las principales políticas del Ministerio. Según el ministro Luis Planas “son un pilar fundamental de la política agraria de este país, vital para el mantenimiento de las rentas y de la viabilidad económica de las explotaciones”, sobre todo, en un contexto como el actual en el que los fenómenos naturales adversos, como consecuencia del cambio climático, son cada vez más frecuentes.

El presupuesto previsto para subvencionar el seguro agrario en el Plan 2021 asciende a 251,2 millones de euros, un 18,96 % superior a la cifra aprobada en los últimos cinco años (211,2 millones de euros desde 2016).

Este incremento permitirá importantes mejoras en el seguro agrario, demandadas por el sector agrario. Entre ellas, subvencionar los recargos del seguro aplicados por una elevada siniestralidad, incrementar en 10 puntos la subvención adicional a los agricultores jóvenes; conceder subvenciones adicionales en la línea de compensación por pérdida de pastos; e incrementar un 6 % la subvención base del seguro complementario, que pasa del 7 al 13 %.

El ministro Luis Planas ha remarcado que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 tienen un carácter excepcional, tanto por el contexto de pandemia en que se aprueban, como por el volumen de inversión pública que movilizan, que es el más ambicioso de la historia democrática.

El Partido Popular de Jaén va a pedir que todos los grupos de la Diputación provincial se unan a la Declaración Institucional de la Política Agraria Común (PAC). “Ya lo intentamos por vía de urgencia en el anterior pleno, pero el señor Reyes no lo permitió, así que esperamos que ahora que presentamos esta moción la actitud del PSOE sea la correcta y diga sí a esta declaración institucional que no es más que un apoyo incondicional a los agricultores de la provincia y tratar de impedir que el gobierno de Sánchez permita un recorte del 10%”, ha explicado el portavoz del Grupo Popular en la Diputación jiennense, Miguel Contreras.

En el PP confían que la Corporación al completo se adhiera al texto que ya ha sido firmado por ASAJA, COAG, UPA, Junta de Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias y cuyo objetivo es “reclamar una PAC fuerte, solidaria y cohesionadora, que no lesione los intereses del campo andaluz y que no atente contra sus intereses y modo de vida”.

Para Contreras las “pésimas negociaciones del ministro Planas en Europa han obligado al sector agroalimentario jiennense y andaluz a alzar la voz para reclamar que no podemos admitir ni un solo recorte, ni una sola merma más en las ayudas que reciben nuestros agricultores y ganaderos por parte de la Unión Europea”. En la provincia de Jaén, ha continuado el dirigente popular, “el sector agroalimentario es esencial para nuestra economía, el empleo y el equilibro territorial”. Principalmente el olivar, ha añadido, “es nuestra herramienta para fijar la población al territorio y luchar contra la despoblación”, pues, “si nuestros pueblos no tienen vida, trabajo y actividad económica se quedarán vacíos, y la agricultura es fundamental para garantizar el futuro de nuestros municipios rurales”.

“El mensaje es claro y no hay lugar a dudas ni confusión, no hay argumento político ni motivos para usarlo para confrontar unos partidos con otros”, ha dicho Contreras. Asegura que esta Declaración Institucional ha nacido de la unión del sector y la implicación del Gobierno andaluz y por eso “consideramos que debe ser apoyada por el resto de administraciones, entre ellas, esta Diputación”. El texto “se aleja de postulados partidistas y lo único que hace es recoger las líneas que desde el sector agrícola se entiende como necesarias para que se materialicen en la futura PAC y, por tanto, no hay motivo para que la Corporación provincial no la apoye de manera unánime”.

Desde el Partido Popular de Jaén, y así lo está explicando a través de la campaña #LaPACnoSeToca, “siempre defenderemos que no se les recorten 284 millones de euros a los agricultores jiennenses, que las ayudas directas se dirijan a los agricultores y ganaderos que realicen una actividad real y efectiva, no dejar fuera a aquellos pluriactivos pues en muchas ocasiones requieren de otros trabajos que complementen sus rentas, y que no se elimine el actual modelo de regiones. Todas son cuestiones defendidas igualmente por el sector por lo que esperamos que desde la Diputación podamos demostrar unidad a la hora de defender los derechos de nuestros agricultores”.

En palabras del portavoz popular, “el sector agroalimentario necesita de todo nuestro apoyo y de la unanimidad de todos los grupos políticos, más aun ahora que han demostrado su papel crucial en la crisis de la COVID-19, garantizando el acceso a toda la ciudadanía a alimentos seguros, asequibles, nutritivos y en cantidades suficientes”. Por eso “debemos demostrar unidad y pagarles con la misma lealtad”, ha señalado el diputado popular. “Cualquier propuesta de cambio en los instrumentos de la PAC debe ir acompañada de estudios de impacto para garantizar estabilidad a los agricultores y ganaderos, debe tener unos beneficios claros y simplificar los instrumentos y la agilidad en los procedimientos administrativos”, concluye.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha comunicado a los regantes de la cuenca que no pueden captar aguas superficiales de los cauces para el riego de sus cultivos mientras perdure la actual situación hidrológica.  

El organismo ha informado al sector que, dada las condiciones actuales, cualquier captación de agua en los cauces, tanto regulados como no regulados, supone una merma del flujo base del río Guadalquivir, que pone en riesgo el mantenimiento de los caudales ecológicos y el cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en el Plan de cuenca. 

Asimismo, también ha informado que, a través de la Comisaría de Aguas y los Servicios de Explotación, se mantendrá una especial vigilancia para evitar cualquier captación superficial para riego, procediendo a la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores si fuera necesario.

Como consecuencia de las escasas precipitaciones registradas desde el inicio del año hidrológico 2020-2021, las escorrentías naturales son prácticamente nulas en el conjunto de la cuenca, situación que no es previsible que mejore en los próximos días a la vista de las predicciones meteorológicas actualmente disponibles.

En estos momentos, los caudales que discurren por los cauces principales de la cuenca proceden en su práctica totalidad de los desembalses que se están realizando para  el  mantenimiento de los  caudales mínimos medioambientales fijados en el Plan Hidrológico de la Demarcación. Mientras persistan las circunstancias actuales no se realizarán nuevos desembalses para atender las demandas de riego.

En la actualidad, el volumen embalsado en el Sistema de Regulación General de la cuenca del Guadalquivir es de 1.404 hm3, lo que supone que se encuentra al 24,5% de su capacidad.

Cuando se cumple un año de la firma del convenio entre el Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) y la empresa ElaiaZait IDD, el Centro Ocupacional del municipio ha recibido el primer olivo, un árbol que dará pie a una nueva zona verde en “Los Andaluces”. La entrega se enmarca en uno de los puntos del acuerdo rubricado. La colaboración se basa en el concepto de economía circular, por lo que cada cien cajas que se reutilicen, la empresa entregará un olivo de dos o más años de edad.

La alcaldesa, Yolanda Reche; los concejales de Medio Ambiente, Andrés Cuadra, e Igualdad y Diversidad, Carolina Rodríguez; y los responsables de ElaiaZait IDD, Juan Carrillo y Daniel Millán, se reunieron para plantar el primer olivo. “Se trata de un proyecto maravilloso de economía circular. Por un lado, ofrecemos a los usuarios del centro ocupacional Los Andaluces una tarea diferente que va más allá de los talleres y, por el otro, apostamos por la sostenibilidad”, afirmó Reche.

Y es que el convenio determina que los/as usuarios/as del Centro Ocupacional pintarán, decorarán y prepararán las cajas usadas para que, una vez rediseñadas, ElaiaZait IDD las vuelva a utilizar como envoltorio de sus productos para sus envíos a más de 10. De esta forma, se materializará la reutilización de las mismas y se pondrán en circulación para cumplir el fin común propuesto, que no es otro que apostar por la sostenibilidad. Por cada cien cajas, la empresa pondrá a disposición del Ayuntamiento un árbol de dos o más años de edad. De esta forma, los clientes reciben sus productos en un envoltorio único creado con muchísima ilusión.

El proyecto, en palabras de la alcaldesa, es ambicioso y novedoso. “Buscamos implicar a todos los estamentos sociales. Cumplimos con las 3 R (reducir, reutilizar y reciclar) y rompemos la rutina de los usuarios de ‘Los andaluces’ con un taller nuevo. Están trabajando con gran entusiasmo y al tiempo que ejercitan la creatividad y las habilidades motrices finas”, concluye.

La plataforma online de Degusta Jaén, que se puso en marcha a primeros de octubre con motivo de la celebración del II Salón de la Gastronomía y la Alimentación “Degusta en Jaén”, ha tenido un notable éxito, dado que en su primer mes de funcionamiento ha contribuido a la comercialización de un millar de productos que cuentan con este sello de calidad en la provincia jiennense. Así lo asegura el diputado de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Pedro Bruno, quien hace un balance “muy positivo” de esta segunda edición del II Salón “Degusta en Jaén”, que ha “incluido diferentes iniciativas, la mayoría de ellas realizadas a través de internet debido a la pandemia”, según apunta el diputado, quien pone en valor que “la página web donde se han podido seguir estas propuestas ha sido visualizada por más de 3,5 millones de personas”.

Entre otras actividades, Pedro Bruno recuerda que se han emitido “vídeos donde se diferentes cocineros de nuestra provincia elaboraban platos con productos de Degusta Jaén y vídeos en los que se mostraban las diferentes empresas que forman parte del programa Degusta Jaén, que puso en marcha la Diputación en el año 2013”. En el marco de este II Salón de la Gastronomía y la Alimentación se ha promovido la creación de una plataforma virtual de venta online “con la que hemos pretendido que los productos Degusta Jaén pudieran adquirirse de forma online por cualquier persona en cualquier parte de España”, enfatiza el diputado de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático. De hecho, añade Bruno, “así ha sido, ya que se han recibido pedidos no solo de la provincia jiennense, sino también de Andalucía y de toda España”.

Otra de las propuestas incluidas en este II Salón “Degusta Jaén” eran las I Jornadas Gastronómicas en los restaurantes que forman parte de esta estrategia. En total fueron “12 los establecimientos que se sumaron a esta iniciativa, que también incluía el sorteo de cestas y lotes de productos que cuentan con este sello de calidad entre las personas que han disfrutado de alguno de los más de 900 menús elaborados con productos Degusta Jaén”, remarca Pedro Bruno, quien muestra su satisfacción por todas las actividades desarrolladas, que han permitido “que se conozca más esta marca, apoyar a esos productos de calidad de la provincia y dar un paso más en su venta online”.