El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado que su departamento mantiene un diálogo permanente con todas las organizaciones del sector, con el propósito común de mantener una actividad agrícola y ganadera que sea rentable, tenga futuro y genere confianza a quienes tienen en ella su medio de vida.
Durante una comparecencia ante la comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Senado para exponer las líneas generales de actuación de la legislatura, el ministro Planas se ha detenido en primer lugar en explicar el proceso de diálogo mantenido con las organizaciones profesionales agrarias que se han movilizado en las últimas semanas y que ha permitido la firma de un acuerdo con la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) sobre un conjunto de 43 medidas que dan respuesta a las preocupaciones planteadas por agricultores y ganaderos. El ministro se ha mostrado confiado en que en los próximos días se sumarán a esta firma otras organizaciones agrarias.
Planas ha detallado las medidas, agrupadas en siete bloques que comprenden ámbitos de simplificación y flexibilidades de la Política Agraria Común (PAC); cuestiones relativas al comercio transfronterizo de productos agroalimentarios; refuerzo de la aplicación de la ley de la cadena; mejora del sistema de seguros agrarios; medidas fiscales, de financiación y laborales; apoyo a la sanidad animal y la ganadería extensiva; y reforzamiento de las políticas para facilitar el relevo generacional. Con ellas, ha asegurado el ministro, se da respuesta a más del 90 % de las peticiones realizadas por las organizaciones profesionales y por las comunidades autónomas.
Esta propuesta de medidas para responder a las inquietudes de agricultores y ganaderos se inscribe en la línea de firme compromiso que mantiene el Gobierno con un sector que juega un papel fundamental en la economía española y que atraviesa dificultades derivadas de las consecuencias de la guerra en Ucrania y de la sequía. Fruto de este compromiso, el ministro ha recordado el esfuerzo presupuestario sin precedentes realizado por el Gobierno en los dos últimos años, en los que ha arbitrado medidas de apoyo por un valor superior a los 4.000 millones de euros, de los que casi 1.400 se corresponden con ayudas directas que han beneficiado a unos 400.000 agricultores y ganaderos.
REPRESENTATIVIDAD
El ministro ha anunciado su intención de modificar los mecanismos de representatividad “para que el conjunto de las organizaciones hoy presentes en la actividad real puedan estarlo también desde el punto de vista formal en la interlocución con el Ministerio de Agricultura”.
En el Comité Asesor Agrario están representadas actualmente la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). El ministro se ha referido al importante papel representativo que hoy tiene también en algunas comunidades autónomas la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que también ha participado en el diálogo con el Ministerio a un nivel técnico.
El ministro ha considerado que abrir la representatividad a las cuatro grandes organizaciones del sector es un elemento positivo que redundaría en beneficio del sector.
ESTRATEGIA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN
Luis Planas ha desgranado en su exposición las líneas de actuación del Ministerio, enfocadas hacia los objetivos de garantizar la seguridad alimentaria al conjunto de los ciudadanos y avanzar hacia un sistema de producción más sostenible. La alimentación tiene un carácter estratégico y actualmente tiene por delante una ecuación difícil de resolver, que es cómo producir alimentos en cantidad y calidad suficiente con un menor consumo de recursos naturales, ha remarcado.
Ha reiterado el anuncio de la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Alimentación, un compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura, y que tiene como objetivo asegurar el acceso a una alimentación sana, producida de forma sostenible, y que resulte asequible al conjunto de la población. Para elaborar esta estrategia, el Ministerio contará con la participación de las comunidades autónomas, las organizaciones sectoriales y de todos los agentes que intervienen en la cadena alimentaria.
El ministro ha señalado que el cambio climático presenta un doble desafío a la producción de alimentos, combatirlo y adaptarse a él. En el avance hacia sistemas productivos más sostenibles ha destacado el papel fundamental del regadío. Ha recordado que España es el país con mayor superficie de regadío y que dispone además de una tecnología que es, junto a la de Israel, la más avanzada del mundo.
A lo largo de la legislatura, el Ministerio avanzará en la política de modernización de regadíos, con la inversión más ambiciosa de la historia, más de 2.400 millones de euros hasta el año 2027. A lo largo del año 2024 se iniciará la ejecución de nuevas obras y se licitarán otras incluidas en el nuevo convenio suscrito entre el Ministerio y la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) el pasado mes de noviembre.
El plan contempla 190 actuaciones que supondrán la modernización de más de 700.000 hectáreas de regadíos y que beneficiarán a más de 200.000 agricultores. El ministro ha destacado la buena colaboración con las comunidades autónomas para el diseño de este programa, ya que todos los proyectos han sido consensuados con ellas.
Entre las iniciativas legislativas, el ministro ha mencionado también la Ley de Prevención de Pérdidas y del Desperdicio Alimentario, cuya tramitación parlamentaria quedó en suspenso por la disolución de las Cortes en la anterior legislatura y que el Consejo de Ministros aprobó de nuevo el pasado día 9 de enero y que en los próximos días iniciará su proceso de convalidación en Las Cortes. Ha destacado que esta ley es muy importante desde el punto de vista económico, social, ambiental y ético y tiene como objetivo reducir el desperdicio de alimentos. “El alimento más caro es el que acaba en la basura”, ha enfatizado. Los hogares españoles tiraron a la basura sin consumir 1.300 millones de kilos de alimentos en 2022.
LEY DE AGRICULTURA FAMILIAR
El ministro ha anunciado la promulgación a lo largo de esta legislatura de una Ley de Agricultura Familiar, con la que el Gobierno pretende establecer un marco normativo modernizado que siente las bases para el futuro de la agricultura familiar y profesional y de la Política Agraria Común (PAC) que defenderá España a partir de 2027. La agricultura familiar representa el 82 % de las 914.000 explotaciones agrarias registradas en España.
El ministro se ha referido a las distintas realidades agronómicas y de producciones que se dan en España y que tendrán tratamiento en esta ley. También ha destacado la necesidad de habilitar instrumentos para la incorporación de jóvenes. En este aspecto ha señalado que en este semestre convocará una conferencia sectorial específica para trabajar junto a las comunidades autónomas en uno de los principales temas de futuro que tiene planteado el sector.
SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL
El ministro ha destacado la importancia de la sanidad vegetal y animal, en la que España tiene un gran estatuto, y en el que hay que ser muy rigurosos porque en ello va el prestigio de la producción agroalimentaria. Una de las prioridades del trabajo del Ministerio que ha señalado Luis Planas es seguir avanzando en el uso sostenible de productos fitosanitarios, algo que redunda también en la eficiencia productiva y rentabilidad de las explotaciones. Ha señalado que en España con la aplicación de la actual directiva y la política del es posible alcanzar el 50 % de reducción en el año 2030.
Para ello, ha explicado que se incidirá en la gestión integrada de plagas, estrategia basada en la utilización de todas las alternativas disponibles a los productos químicos de forma coordinada y ordenada, y en la que España es pionera y tiene una gran reputación. Ha destacado el esfuerzo que desde hace años realiza el sector, que en muchos casos implica cambiar modelos de trabajo y la utilización de nuevas tecnologías, y los buenos resultados obtenidos.
En sanidad animal, el ministro ha destacado el estatus máximo logrado por la cabaña española, que le ha permitido abrir nuevos mercados a la exportación de productos cárnicos. Ha enfatizado la necesidad de mantener una máxima prevención y todos los mecanismos de defensa frente a enfermedades como la gripe aviar, tuberculosis bovina, lengua azul o la recientemente aparecida enfermedad hemorrágica epizoótica.
El ministro ha destacado la eficacia de los controles en frontera de los productos agroalimentarios importados, que son máximos, y ha señalado que la unión aduanera europea es una de las fronteras más impermeables junto a la de Estados Unidos y Canadá.
SEGUROS AGRARIOS
El ministro ha hecho hincapié en el mantenimiento de una de las líneas que forman parte de la columna vertebral de las políticas del Ministerio, el apoyo a la contratación de seguros agrarios, una herramienta imprescindible en un escenario de cambio climático. En los dos últimos años se ha batido el récord de pago de indemnizaciones por fenómenos adversos que han dañado cosechas y explotaciones -en 2023 se superaron los 1.200 millones de euros- lo que, según el ministro evidencia que se expone a nuevos retos en sus 40 años de historia.
Ha señalado que el sistema español es un ejemplo en la Unión Europea, y que tiene que dar respuesta a la nueva situación con un sistema mixto. Abordar medidas para garantizar la viabilidad y permanencia del sistema es uno de los puntos incluidos en las 43 medidas propuestas por el Gobierno a las organizaciones agrarias. El Consejo de Ministros aprobó el acuerdo entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y Agroseguro para la aplicación del plan de seguros combinados de este año. El Ministerio destina 284,5 millones de euros en 2024 a la subvención de la contratación de pólizas de seguros, un 34 % más que hace cinco años.
El ministro ha recordado el importante papel que también deben jugar las comunidades autónomas para completar las subvenciones y acercarlas al máximo autorizado por la Unión Europea, el 70 % del coste de las pólizas.
