Recientemente ha tenido lugar la primera reunión del grupo de trabajo técnico previo a la constitución de la mesa de simplificación de trámites burocráticos que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible va a incluir dentro del Plan Estratégico para la mejora de la competitividad en los sectores agrarios, ganaderos, pesqueros y del desarrollo rural. La titular del ramo, Carmen Crespo, ha presidido una cita en la que se han identificado trabas administrativas existentes en la actualidad para agilizar los pagos de ayudas ya abiertas y se han previsto mejoras a incluir en futuras convocatorias.

Como principal actuación, la Consejería propone la modificación de algunos elementos de las bases reguladoras que permitirán reducir carga burocrática al administrado y acelerar los controles por parte de la Administración. Esta iniciativa tendrá un reflejo en todas las órdenes del Programa de Desarrollo Rural (PDR), lo cual supondrá una sensible reducción de los plazos marcados en la actualidad.

De forma paralela, el grupo de trabajo ha impulsado el desarrollo informático para permitir la tramitación telemática de las solicitudes, lo que conlleva una minoración de carga administrativa tanto para el administrado como en la gestión interna. Un esfuerzo añadido por la digitalización y el uso de las nuevas tecnologías en el sector.

Crespo ratifica de esta forma el compromiso de mejorar el grado de ejecución presupuestaria para que “ni un solo euro de los fondos europeos quede sin utilizar y reportar beneficios para nuestra comunidad”.

El plan integral contempla, como uno de los objetivos principales, mejorar la competitividad; y entre sus bases tendrán especial importancia el fomento de la investigación y la innovación tecnológica en los sectores agrario, ganadero, pesquero, agroalimentario y del desarrollo rural; el impulso de la formación y capacitación de los productores; y el apoyo al relevo generacional. Entre los medios para alcanzarlos está precisamente la reducción y simplificación de los trámites administrativos y la mejora de la gestión de las ayudas puestas a disposición del sector; y además, el aumento de la interlocución de la Administración con los sectores; y la dinamización e impulso de la economía de las zonas rurales.

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