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La Junta defiende la necesidad de las organizaciones de productores para estabilizar los precios del aceite de oliva

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La Junta defiende la necesidad de las organizaciones de productores para estabilizar los precios del aceite de oliva

La Junta de Andalucía defiende la necesidad de la ordenación de la oferta y el almacenamiento a través de las organizaciones de productores del sector oleícola para avanzar hacia el reto de la estabilización de los precios del aceite de oliva. Así lo ha puesto de relieve el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Ricardo Domínguez, en Montoro (Córdoba), donde ha intervenido, en el marco de la XIX Feria del Olivo, en las jornadas técnicas «La autorregulación del sector oleícola: por unos precios estables y dignos». Para ello, el departamento autonómico prevé, en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, una línea de ayudas con un presupuesto de 1,7 millones de euros para auspiciar la creación de estas figuras, cuya activación, según ha expuesto, está a la espera de que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente regule su reconocimiento.

Ricardo Domínguez ha recordado que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ya hizo esa petición al Gobierno central hace más de dos años, “para que la producción olivarera cuente con instrumentos eficaces de organización y vertebración del sector”. Todo ello, como ha continuado, en medio de una coyuntura que, en este tiempo, “ha sido muy propicia para consolidar el liderazgo de Andalucía en el comercio mundial del aceite de oliva y que no debemos desaprovechar”. En este punto, el viceconsejero ha anotado también la oportunidad de la Extensión de Norma a través de la Interprofesional del Aceite de Oliva para laminar las campañas (almacenar cuando hay exceso y sacar cuando hay poco). “Hay que estudiar, juntos, con profundidad, cada una de las opciones para evitar los efectos de la variabilidad de la producción del olivar andaluz”.

La modificación que hace el reglamento Omnibus, por otra parte, en palabras de Ricardo Domínguez, “por fin exonera a las organizaciones de productores de todos los sectores de determinadas condiciones de las normas de competencia”, algo que, como ha explicado, “permitirá fortalecer al eslabón más débil de la cadena agroalimentaria, al mejorar su capacidad de negociación en el momento de la comercialización”. De igual modo, se abre la puerta a la planificación de la producción o al cierre de contratos de forma colectiva. Pero todo ello requiere, según ha apostillado, que se puedan reconocer estas entidades en el sector del aceite de oliva, sin desdeñar la posibilidad de acordar cláusulas de reparto de valor con los primeros compradores, que “acentúa la posición del agricultor”.

El viceconsejero ha incidido, además, en que junto a todo ello es “imprescindible” que todos los mercados diferencien de una manera clara la calidad del aceite de oliva y los beneficios para la salud ligados a la misma. A su juicio, “no es tolerable que un producto tan excepcional sufra volatilización y prácticas desleales de ventas a pérdidas, que vamos a perseguir a través de la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía o el Foro de la Cadena Alimentaria”, ni que las presiones comerciales lo conviertan en una materia prima ‘commodity’ (materia prima homogénea sin apenas diferenciación). Todo, ha rematado, para “dar al ingrediente diferenciador de la Dieta Mediterránea, afianzado en los destinos internacionales con ventas al exterior por valor de 2.743,84 millones de euros en 2017, y a quienes lo producen el lugar que merece”.

Reconocimiento de la PAC
Otro de los caballos de batalla del sector es la futura Política Agrícola Común (PAC). Para Ricardo Domínguez, su aportación a la biodiversidad y la producción de alimentos saludables y de alto valor amparados por denominaciones de origen protegida y distintivos de calidad “debe ser reconocida por las ayudas directas en un contexto de objetivos más exigentes en los ámbitos ambiental, económico y social”. Desde Andalucía, ha subrayado, “no vamos a dejar de exigir, por ejemplo, la ayuda asociada para el olivar en pendiente y de bajo rendimiento que el Ministerio ya ha negado a nuestra comunidad en varias ocasiones, a pesar de las dificultades de este tipo de cultivo que actúa como barrera contra la desertificación y mantiene vivo nuestro medio rural”. En la misma línea, el viceconsejero ha abogado por un apoyo especial a las pequeñas explotaciones, aunque la agricultura no sea la actividad principal. “Hay que respaldar a aquellos agricultores que complementan su renta con otras fuentes de ingresos y que, gracias a ello, pueden seguir en sus pueblos”, ha sentenciado.

Ricardo Domínguez ha recordado que el compromiso del Gobierno andaluz con el sector es palmario. “Somos la única comunidad que ha destinado al olivar un subprograma temático específico dentro del PDR 2014-2020”, dotado con un presupuesto de más de 300 millones de euros. De ellos, ya se han puesto a disposición de este cultivo más de 255 millones en ayudas agroambientales, a la producción ecológica o a la modernización de industrias o explotaciones, 185 millones ya comprometidos, “con nombres y apellidos”. Asimismo, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha aprobado 3,8 millones de euros para 17 proyectos de Grupos Operativos de Innovación en el olivar tras ampliar en 1,4 millones la asignación de la primera convocatoria. Tendrán continuidad en 2018 con una nueva orden dirigida, con dos millones de euros, a la digitalización.

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