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La Junta y las organizaciones agrarias de Andalucía definen su propuesta sobre el modelo de aplicación de la PAC

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La Junta y las organizaciones agrarias de Andalucía definen su propuesta sobre el modelo de aplicación de la PAC

El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, asiste mañana en Madrid a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en la que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas definirán el modelo de aplicación en España de la nueva Política Agrícola Común (PAC).

 

Para ello, el consejero mantuvo ayer un encuentro en Sevilla con representantes de las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG y UPA) y de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca) con el objetivo de ultimar la propuesta andaluza que defenderá en Madrid.

 

En un informe de la Consejería de Agricultura se expresa que esta negociación es clave para Andalucía, la Comunidad Autónoma que más dinero recibe de la PAC, unos 2.000 millones de euros anuales y más de 270.000 agricultores beneficiados. El volumen de ayudas que ingresa es superior a la suma de los volúmenes de 13 comunidades autónomas y recibe más fondos de la PAC que 19 Estados Miembros. Por ello, el objetivo prioritario de la Junta es que se preserve la ficha presupuestaria actual, que permita que los agricultores y ganaderos andaluces mantengan su nivel de renta y garantice seguir realizando una actividad moderna, sostenible y competitiva.

 

En los últimos 25 años, indica dicho informe, la PAC ha contribuido al desarrollo de nuestro sector agroalimentario, caracterizado por su productividad, competitividad y capacidad generadora de empleo. La actividad agraria constituye el principal aprovechamiento del territorio y la principal fuente de empleo y renta del medio rural.

 

A continuación, detallamos los principales aspectos que resumen el posicionamiento andaluz, consensuado con las organizaciones profesionales agrarias y Faeca, con quienes se ha respondido al cuestionario enviado por el Ministerio en el que se incluyen 52 preguntas sobre distintas cuestiones del modelo de aplicación de la PAC.

 

Instrumentos del modelo de aplicación

a)    Modelo de regionalización del pago básico: el núcleo del modelo de aplicación debe garantizar una agricultura diversa, productiva y generadora de empleo, más allá del año 2020.

 

-El elemento central de la reforma es el modelo del pago básico (principal pago desacoplado del futuro, pues el greening estará vinculado a él). Según como se defina en este momento la unidad de convergencia de las ayudas, es decir “la región”, se podrá limitar en el futuro el efecto de la tasa plana (ayuda homogénea por superficie), que en este momento se aplaza en el tiempo, pero que queda bajo los objetivos de la Comisión.

 

–          La comarca agraria debe ser el punto de partida en la definición de región, con los usos agrarios homogéneos de la misma y teniendo en cuenta la intensidad de ayuda percibida por los beneficiarios. En principio estamos de acuerdo con los  “ingredientes” que propone el Ministerio, pero desconocemos la propuesta de la “receta” para combinarlos cuya definición es muy importante, para asegurar el cumplimiento de las premisas anteriores.

 

–          Igualmente consideramos que deberán analizarse las dificultades que pueden plantearse en zonas o sectores concretos.

 

b)   Limitación de superficies: no hay más presupuesto para atender nuevos beneficiarios, por lo que se deben buscar puntos de partida equilibrados, sostenibles y coherentes.

 

–          Otro aspecto muy importante es la limitación a nuevas superficies entrantes, aspecto en el que entendemos que debemos establecer las máximas restricciones posibles y evitar que las ayudas vayan a superficies sin una verdadera actividad agraria.

 

–          Sin embargo, la decisión sobre ciertas superficies como viñedo y frutas y hortalizas está condicionada a conocer los efectos del modelo de regionalización, así como despejar ciertas incoherencias de normativa que en este momento cierran las posibilidades. Dado que la limitación de superficies sólo incluiría parcialmente a estos sectores que sí son productivos y que históricamente se han beneficiado muy poco de las ayudas directas, sería preciso establecer mecanismos que evitasen esos posibles agravios, tratándoles de incorporar y asignándoles fondos sin perjudicar al resto de sectores, por ejemplo, a través de la reserva nacional.

 

c)    Las ayudas deben dirigirse a los agricultores verdaderamente activos y las superficies con actividad

 

Una de las grandes cuestiones de la reforma es orientar las ayudas hacia los agricultores verdaderamente activos y las superficies con actividad. En este sentido, planteamos una ampliación de la lista negativa de entidades que a priori no podrían recibir ayudas, así como la necesidad en el futuro de incorporar criterios adicionales de dedicación a la actividad agraria. Asimismo creemos que hay que reforzar las exigencias de actividad agraria, introduciendo, por ejemplo, una carga ganadera mínima en los pastos y evitando el abandono de los cultivos.

 

d)    Limitación de las ayudas (capping): un mecanismo necesario para legitimar las ayudas a la agricultura ante la sociedad.

 

Relacionado con la cuestión de la mejor orientación de las ayudas, y aunque no ha sido incluida en el cuestionario, planteamos una reducción progresiva de las ayudas a los grandes beneficiarios (el llamado capping). Hay que tener en cuenta que es necesario legitimar las ayudas agrarias ante la sociedad en general, y la no existencia de techos es una gran debilidad del sistema actual, expone el informe.

 

–          Los fondos del capping detraídos en una región deben incorporarse en el Programa de Desarrollo Rural de la correspondiente región para seguir financiando medidas para agricultores y ganaderos.

 

e)    Pago redistributivo: un nuevo mecanismo voluntario para favorecer a las explotaciones que mayor empleo generan.

 

–          También consideramos necesario analizar la aplicación del llamado pago redistributivo para aumentar las ayudas en pequeñas y medianas explotaciones, las cuales generan más empleo por unidad de superficie. Para ello habrá de hacerse un análisis pormenorizado para determinar el nivel de presupuesto a ello destinado, la posible aplicación sectorial, etc. Pero todo ello se debe hacer tras conocer el detalle del modelo de aplicación.

 

f)     Régimen de pequeños productores: favorece la simplificación y es garantía de recursos para los beneficiarios que perciben menos de 1.250 euros.

 

–          Defendemos la aplicación del régimen de pequeños agricultores de forma individual, es decir asignándoles el primer año de aplicación la ayuda desacoplada que les correspondería si participasen del régimen general y sin efectos de convergencia.

 

g)   Trasvases entre pilares, una política que rechazamos.

 

–          En cuanto a los posibles trasvases entre el primer (ayudas directas y medidas de mercado) y el segundo (desarrollo rural) pilar, esta Consejería se opone a practicarlos en general, y, en particular, en dirección del segundo al primer pilar. Consideramos que es absolutamente estratégico disponer del máximo de fondos en el segundo pilar para poder afrontar los retos de mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de nuestro sector agrario y mantener la cohesión territorial en nuestra comunidad autónoma.

 

h)   La incorporación de jóvenes: una prioridad en el primer pilar de la PAC

 

–          En relación con las ayudas a los jóvenes, apoyamos su puesta en marcha con fondos propios del primer pilar, pues reforzarán las ayudas a la primera instalación y otras medidas de apoyo a jóvenes que se pretenden potenciar a través del PDR de Andalucía 2014-2020.

 

i)     Ayudas acopladas y ayudas a zonas con limitaciones naturales: un debate prematuro sin conocer el resultado del modelo de aplicación.

 

–          Es prematuro determinar si se precisa implementar apoyos a zonas con limitaciones naturales en el primer pilar (en todo caso, debería hacerse con fondos propios de dicho pilar), sin conocer el resultado final del modelo de pagos para los principales pagos desacoplados futuros. Si se aplicara esta medida se debería respetar el equilibrio presupuestario de Andalucía y su definición debería tener carácter autonómico.

 

–          Respecto a las ayudas acopladas (vinculadas a la producción), estimamos que se deben centrar principalmente en el sector ganadero. En todo caso, y al igual que se menciona en el apartado anterior, este debate es prematuro, sin conocer los detalles de aplicación del modelo.

 

j)     Las medidas de gestión y regulación de mercado: una prioridad que necesita mayor desarrollo y análisis en profundidad.

 

–       No se plantean cuestiones relacionadas con un mejor funcionamiento de la cadena, con un mayor poder de negociación de las organizaciones interprofesionales o las negociaciones contractuales, cuando consideramos que debería avanzarse en las mismas.

 

–       En cuanto a la necesidad de desarrollo de normativa nacional, entendemos que ha de comenzarse por aquellos sectores para los que se ha reconocido la posibilidad de negociación colectiva de precios a las organizaciones de productores (aceite de oliva, vacuno de carne y algunos cultivos herbáceos).

 

k)    Exigimos una política de desarrollo rural regional con los máximos niveles de subsidiariedad.

 

–          Respecto al desarrollo rural, la posición de Andalucía es que, dada la importancia de nuestro sector agroalimentario y del volumen de ayudas que recibimos, y sobre todo, las características de este sector, muy diverso y a su vez, diferenciado en muchos aspectos del resto de España, su diseño debe realizarse esencialmente a través de un programa regional robusto y potente. Consideramos que nuestra Comunidad Autónoma tiene la dimensión suficiente y las necesarias capacidades para poder definir e implementar un PDR autonómico que recoja todas las medidas establecidas en el futuro Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

 

–          Nos oponemos rotundamente a la existencia de un programa de desarrollo rural de ámbito nacional, así como a la definición de un marco nacional que introduzca rigideces innecesarias a los programas regionales. En todo caso, admitiríamos un programa dedicado al fomento de la integración cooperativa entre entidades de distintas comunidades autónomas.

 

–          El reparto del presupuesto de desarrollo rural debe tener en cuenta el histórico recibido por cada comunidad autónoma, como elemento de estabilidad, así como la casuística especial de las regiones menos desarrolladas y en transición. Asimismo, los dos criterios fundamentales a tener en cuenta, a la luz de la situación económica actual, son el empleo agrario (tanto activos agrarios como desempleados agrarios), y el PIB/per cápita de cada Comunidad Autónoma, subraya el informe de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.

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