El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, apuesta por un frente común de las administraciones y el sector para presentar una “actuación firme” ante la “intolerable, discriminatoria e injustificada agresión” que sufre el sector de la aceituna negra con la reciente imposición de dos tasas que, en total, rozan el 22% en sus exportaciones a Estados Unidos. Un arancel “tan desproporcionado como injusto” que afecta a todas las empresas españolas y que resulta de la suma del 4,47% impuesto por el Gobierno norteamericano en noviembre y el 17,1% que se aplica desde el pasado mes de enero, ha explicado Sánchez Haro.

Rodrigo Sánchez ha respondido a una pregunta parlamentaria sobre la repercusión de este segundo arancel para Andalucía lamentando que “nos enfrentamos a la expulsión de nuestras empresas del mercado norteamericano” mientras se resuelve el procedimiento por un supuesto caso de dumping que, según las estimaciones, no acabaría antes del mes de julio.

Las exportaciones de este alimento a Estados Unidos suponen alrededor de 70 millones de euros para España, si bien Andalucía lidera este sector al concentrar el 80% de la aceituna negra nacional. La industria dedicada a esta producción suma 300 empresas, dos millones de jornales y 8.000 puestos de trabajos, por lo que se prevén pérdidas de 350 millones de euros en los próximos cinco años en caso de que se mantenga la penalización a las entidades españolas.

El titular de Agricultura ha insistido, como ya resaltó la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que “tras la aceituna pueden venir más”, ya que la denuncia de Estados Unidos cuestiona todo el sistema europeo de ayudas a pesar de que éste cuenta con la aceptación de la Organización Mundial del Comercio. Rodrigo Sánchez ha recordado que Díaz se ha trasladado ya en dos ocasiones hasta las instituciones comunitarias para manifestar “el grave riesgo que corre el modelo europeo de ayudas y las producciones que ampara”, así como “su total y decidido apoyo al sector”. 

Este respaldo se plasma tanto en el impulso de la acción diplomática, “que debe ser contundente”, como en la búsqueda de apoyo económico para el sector en el marco del procedimiento jurídico. Además, se refleja también en el apoyo técnico del Gobierno andaluz en la investigación mediante el “trabajo de un equipo de alto nivel de la Consejería desde hace meses” recopilando y procesando miles de documentos de más de 40 empresas.

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