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El presidente del FEGA dice que España «ha cubierto todos los objetivos que se propuso» en la negociación de la PAC

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El presidente del FEGA dice que España «ha cubierto todos los objetivos que se propuso» en la negociación de la PAC

El presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Fernando Miranda, ha sostenido hoy que “con el acuerdo alcanzado de la reforma de la PAC, España cubre todos los objetivos que se propuso en la negociación”. Con ello, ha asegurado, “se ha logrado transformar una propuesta inicial lesiva para los intereses de España en una reforma adecuada a las especificidades de la agricultura española, que nos permite mejorar igualmente con respecto al marco legal actual”.

Así lo ha afirmado en su exposición sobre “La reforma de la PAC, un acuerdo para un horizonte 2020”, que ha desarrollado en el marco de la Jornada “La agricultura, esperanza de la humanidad” organizada por el Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales (ICAM) en Sevilla.

Miranda ha valorado en primer lugar el acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual 2014 – 2020, “gracias al cual la agricultura española podrá contar con más de 50.000 millones de euros para los próximos siete años”. Con ello, ha señalado, se convierte en el sector de la economía española que más financiación recibe de fondos comunitarios. Un aspecto, de gran trascendencia para los sectores, ya que esa financiación “supone una garantía en la estabilidad de las rentas de nuestros agricultores y ganaderos a largo plazo”, ha destacado el presidente del FEGA

En el marco de los objetivos planteados en la negociación, Miranda ha destacado en primer lugar, como con el acuerdo alcanzado, “se ha logrado evitar el efecto redistributivo”, que hubiera supuesto aplicar un mismo importe de ayuda por hectárea en toda España o en amplias zonas geográficas, lo que se conoce como el efecto de la «tasa plana».

Esto se ha conseguido, ha indicado el presidente del FEGA, a través de varios instrumentos introducidos por España en el proceso negociador, como son la posibilidad de calcular el importe del pago verde o «greening» a nivel individual; la exención de los pequeños agricultores del proceso de convergencia, con lo que el 46 % de los beneficiarios que reciben menos de 1.250 euros al año quedan excluidos de este proceso, o la aplicación de un nivel mínimo de convergencia a nivel de región en el 60 %, muy por debajo del 100 % inicialmente propuesto por la Comisión.

En esta línea también ha destacado el establecimiento de una cláusula de salvaguarda para que ningún beneficiario vea reducidos sus importes en más de un 30 %; y, por último, la posibilidad de establecer un modelo de regionalización adaptado a la realidad agronómica y productiva de España, “en donde se diferencien, en el ámbito de cada comarca agraria, las superficies de secano y de regadío, así como las superficies de cultivos permanentes y de pastos”.

Además, ha explicado Miranda, se ha logrado evitar que, con motivo de la reforma, se puedan incrementar de manera desproporcionada las superficies que pueden recibir ayudas, mediante una excepción aplicable para España. “Con ello se evitará la dilución de los importes de ayuda por la incorporación masiva de superficie que nunca se ha dedicado a la agricultura o a la ganadería”, ha añadido el presidente del FEGA.

Miranda ha incidido en las posibilidades que ofrece el acuerdo para realizar un tránsito del sistema actual de derechos históricos al nuevo régimen de pago básico, “sin comprometer la estabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas”, proporcionando con ello la certidumbre que precisa el sector a largo plazo.

También ha resaltado cómo la reforma supone una apuesta por la actividad agraria, al poderse dirigir las ayudas de una forma más eficaz hacia la agricultura realmente activa, “lo que supondrá uno de los principales cambios con respecto al sistema actual”. En este sentido, ha indicado Miranda, el Ministerio propondrá que se utilicen todos los cauces que permite la nueva reforma para orientar mejor las ayudas a la agricultura activa.

En cuanto a su aplicación, ha subrayado que supone una muy buena oportunidad para diseñar un modelo “que se adapte a las necesidades de nuestra agricultura y ganadería”. En este sentido ha resaltado la importancia del periodo que se abre ahora, con el comienzo del proceso negociador con las comunidades autónomas y con las organizaciones representativas del sector agrario, para aplicar la reforma en España.

Un proceso, ha recordado, que comenzará en la Conferencia Sectorial del próximo 24 de julio, en donde se reunirán los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas con el ministro de Agricultura, “para sentar las bases que permitan llegar al acuerdo en el que se establezca el modelo de aplicación de la Reforma en España”.

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