La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, mantuvo ayer una reunión en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga con representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), encabezada por su presidente Javier González de Lara, en la que han abordado “con preocupación el impacto que la convergencia acelerada en la Política Agraria Común (PAC) puede causar en el empleo y el tejido empresarial andaluz”.
Crespo ha advertido de que el 60% de los agricultores y ganaderos andaluces verán recortadas sus ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en 2021 como consecuencia de la aplicación del Real Decreto aprobado por el Gobierno de España.
La titular del ramo ha explicado que estas importantes pérdidas afectarán tanto a pequeños como a medianos y grandes productores y ha concretado que, en el caso de Málaga, sufrirán los recortes más de 10.600 productores. De ellos, unos 4.300 verán reducidas sus subvenciones por encima del 10% y para algo más de 300 los incentivos bajarán más de un 25%. Crespo ha explicado que las cuatro principales comarcas de Málaga (Vélez-Málaga, Valle del Guadalhorce, Antequera y Serranía de Ronda) se verán afectadas directamente por la convergencia con recortes que van del 2% al 34%.
La consejera ha vuelto a solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Pesca celebrada ayer por la mañana que “los cambios que se produzcan en el futuro tienen que ser asumibles por el agricultor y que el Real Decreto apueste por una convergencia más suave y no haya trasvase de fondos”.
La consejera ha resaltado que la convergencia acelerada que propone el Gobierno central no reconoce los esfuerzos de los agricultores que ha invertido y apostado por un campo andaluz competitivo. Crespo ha apuntado que el Ejecutivo nacional está conduciendo a una tarifa plana en 2023 que, con la eliminación de regiones productivas, conllevaría a una reducción de las ayudas que reciben los agricultores y ganaderos de Andalucía y a una bajada del potencial de esta Comunidad Autónoma.
“Andalucía, sus organizaciones agrarias y el Gobierno andaluz, apuesta por el diálogo. Nuestras enmiendas al Real Decreto no se han tenido en cuenta y se ha optado por una convergencia abrupta. Queremos que se apoye a un sector que están siendo ejemplo para todos a lo largo de esta pandemia. Ofrecerle certidumbre y liquidez es algo absolutamente necesario. Una convergencia abrupta significa incertidumbre y falta de recursos para nuestros agricultores y ganaderos”, ha concluido.
