La delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca, Soledad Aranda, ha manifestado su preocupación por la aprobación este pasado martes por parte del Gobierno de España del real decreto de convergencia para el periodo transitorio hacia la nueva Política Agraria Común (PAC), lo que supone en sus palabras “una catástrofe para Jaén, que asfixia a agricultores y ganaderos y deja en el olvido el gran esfuerzo que han hecho a lo largo de estos años para transformar sus explotaciones hacia un modelo productivo y competitivo”.
La nueva norma aplica la convergencia que marca la Unión Europea hacia la nueva PAC “de forma acelerada y unilateral, sin consenso, llegando hasta un 25 %, en lugar de un 6% como hasta ahora”, ha señalado la delegada. Soledad Aranda ha explicado que esta normativa “brusca y acelerada” que multiplica por cuatro la velocidad en la modificación de las ayudas no era necesaria, ya que Europa establece un periodo transitorio para la convergencia hasta el 2026. “Ha sido una decisión arbitraria del Gobierno de Pedro Sánchez, sin diálogo y con el sector y muchas comunidades autónomas en contra”, ha lamentado.
“Esta velocidad de convergencia impuesta por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que tiene al frente un ministro andaluz, significa enormes dificultades económicas para Andalucía y muy especialmente para la provincia de Jaén, porque a la reducción de liquidez de los agricultores y ganaderos se suman los problemas económicos derivados por la pandemia y, en el caso del olivar, la crisis de precios que lleva años poniendo en peligro la rentabilidad de las explotaciones agrarias olivareras de tipo tradicional”, ha indicado en un comunicado la delegada. Unas explotaciones que, en palabras de Soledad Aranda, “ahora se van a ver asfixiadas con esta reducción de ingresos antes de tiempo, a lo que se suma el castigo que van a sufrir los agricultores y ganaderos que han invertido para innovar y modernizar sus explotaciones agrarias y a aquellos que se han decantado por el olivar ecológico”.
Así, por ejemplo, un olivar de sierra de 8 hectáreas que obtenía hasta ahora entre el pago básico y el pago verde 16.500 euros en ayudas, cuando finalice la convergencia perderá 12.000 euros. Ahora, con el real decreto del Gobierno va a perder 6.000 euros en el periodo transitorio, 3.000 euros por año, lo que supone el 50% del ajuste final.
La delegada ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro andaluz de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas “sensibilidad” con el campo andaluz y jiennense y “sentido común”. “Necesitan reconsiderar su decisión porque ningún ciudadano entiende que un Gobierno añada con sus políticas públicas dificultades a una ya difícil situación provocada por la pandemia. Los gobiernos deben ayudar a los ciudadanos con soluciones, no crearles problemas”, ha concluido la delegada.
Soledad Aranda ha descartado que las ayudas de la PAC puedan tildarse de “privilegios”: “Hablamos de una liquidez que permite a los agricultores mantener la rentabilidad de su producción, el empleo y la economía del medio rural, que ahora corre más peligro que nunca”.
