Este mes llega la hora de la verdad para el reparto definitivo de la Política Agraria Común (PAC) después del acuerdo ratificado en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE y que supone que España dispondrá de un presupuesto en ayudas de 47.724 millones de euros hasta el año 2027 para casi 700.000 beneficiarios.
Esta semana será la preparatoria de la Conferencia Sectorial de Agricultura, en la que el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas deben decidir cómo y con qué criterios se reparte la tarta de las ayudas comunitarias en España, entre los agricultores y ganaderos españoles. Es decir, el modelo de aplicación nacional de la política agraria, una tarea que no será fácil, todo lo contrario, y que dejará a muchos agricultores y territorios disconformes e insatisfechos con el acuerdo que finalmente se adopte porque los intereses no son los mismos ni tan siquiera parecidos.
Que sea un buen acuerdo o no estará supeditado a si beneficia al mayor número de perceptores y si el reparto es más justo y redistributivo atendiendo a una serie de criterios. Gobernar es tomar decisiones y, sobre todo, que prime el interés general para no dejar a nadie en el camino, pero no dando un cheque en blanco, sino que las ayudas incentiven a quien más las necesita y a quien más ha contribuido a la mejora del empleo, del medio ambiente y de la competitividad. Y supongo que eso será lo que pretenda el ministro Planas, que por cierto suena como nuevo titular de Exteriores en una hipotética remodelación gubernamental, por lo que por si acaso quiere cerrar cuanto antes este complejo asunto que es difícil que concite la unanimidad.
Habrá que ver cómo quedan las ayudas directas (se habla del 60% de las ayudas a la renta), los ecoesquemas (las ayudas que beneficien al clima y al medio ambiente), el número de regiones, la degresividad de las ayudas o “capping” (modulación), la discriminación positiva al olivar tradicional, la convergencia interna, los jóvenes agricultores, etcétera, etcétera. Todo un paquete de cuestiones que debe pasarse a limpio y quedar plasmado en el plan estratégico nacional que deberá ser presentado antes del 31 de diciembre para que la Comisión le dé el visto bueno.
*Asensio López, director de la revista Oleum Xauen
