La Junta de Andalucía ha enviado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una propuesta de revisión del reparto de los recursos de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2014-2020. El Ejecutivo autonómico solicita que el Gobierno de España corrija el error de no haber incluido al olivar en pendiente, la uva pasa y el trigo duro en el régimen de las denominadas ayudas asociadas, aquellas que priman la producción en cultivos con especiales dificultades y cuyo mantenimiento se considera estratégico por motivos económicos, sociales y medioambientales.

 

El Consejo de Gobierno recuerda que la aplicación en España del nuevo modelo de ayudas asociadas excluye a estos sectores de gran importancia social y económica en la comunidad (el olivar en pendiente suma casi 400.000 hectáreas, el 76% del total nacional, y el trigo duro (220.000 hectáreas, el 60%). Respecto a los cultivos que sí se incluyen, la Junta considera que el diseño se ha hecho a medida de otras regiones, sin tener en cuenta las necesidades de producciones andaluzas como la remolacha, los frutos de cáscara, el caprino y el vacuno de leche. La revisión que plantea la Junta incluye también mejoras para ellas.

 

La propuesta enviada al Ministerio ha sido previamente trasladada a las principales organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG y UPA) y a la federación Cooperativas Agro-alimentarias, además de cumplir con la proposición no de ley aprobada por el Parlamento andaluz el pasado 17 de marzo y dirigida a este fin.

 

Para el olivar en pendiente, la Junta plantea una ayuda asociada de entre 27 y 108 euros por hectárea, dependiendo del tamaño de las explotaciones y con una modulación a partir de las cinco hectáreas de superficie. Andalucía cuenta con 392.090 hectáreas de este cultivo en pendiente superior al 20%, factor este que limita la rentabilidad al incrementar los costes por la dificultad del empleo de maquinaria. De ellas, 184.992 se encuentran en pequeñas explotaciones que no superan las cinco hectáreas.

 

El reglamento de la PAC prevé que los Estados puedan hacer una revisión de las ayudas asociadas y comunicarlas a la Comisión Europea antes del 1 de agosto de 2016. En el caso de España, la Conferencia Sectorial celebrada en enero de 2014 acordó que se realizaría antes del 1 de julio, pero el Ministerio aún no ha convocado la reunión de este órgano que debe estudiarla.

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